El MEF autorizó el viaje de dos funcionarias a Washington para participar en el arbitraje, mientras el Gobierno evalúa el futuro de la infraestructura.
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el viaje de dos funcionarias a Washington D. C. para participar en la audiencia del arbitraje internacional iniciado por TV Azteca S.A.B. de C.V. y Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. contra el Estado peruano por la concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
La Resolución Ministerial N.° 410-2026-EF/43 autorizó el desplazamiento de Mónica del Pilar Guerrero Acevedo y Michele Aurora Salazar Espinoza del 20 al 28 de septiembre. Ambas participarán en la audiencia y en las reuniones preparatorias del caso CIADI N.° ARB/23/37, programadas de manera presencial entre el 21 y el 27 de septiembre.
El Estado prepara su defensa ante el CIADI
Guerrero Acevedo preside la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión, mientras que Salazar Espinoza es abogada de la Secretaría Técnica de esta comisión, que depende de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del MEF.
La resolución señala que la presencia de ambas funcionarias permitirá al Estado realizar un seguimiento directo de la estrategia de defensa presentada ante el tribunal. El pedido para su participación fue formulado el 7 de septiembre por el estudio jurídico Squire Patton Boggs, representante del Perú en el proceso.
El arbitraje enfrenta al Estado peruano con TV Azteca y su filial Azteca Comunicaciones Perú por la resolución anticipada del contrato de concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
De la concesión de Azteca a la administración estatal
Azteca Comunicaciones asumió en 2014 una concesión por 20 años para diseñar, financiar, desplegar, operar y mantener la Red Dorsal. El contrato comprendía las coberturas universal norte, sur y centro, además de la prestación del servicio portador y otras facilidades vinculadas con la infraestructura.
Sin embargo, en julio de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio por concluido el contrato por razones de interés público. Entre los argumentos expuestos estuvo la baja utilización de la red.
Durante 2020, la infraestructura operó con el 3,2% de su capacidad instalada y sus ingresos cubrieron el 7,7% de los costos estatales de cofinanciamiento.
Las empresas iniciaron el procedimiento ante el CIADI el 23 de agosto de 2023. La demanda cuestiona la terminación de la concesión bajo el Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y México y el contrato suscrito con el Estado.
El futuro de la Red Dorsal sigue en evaluación
Tras la salida de Azteca, la Red Dorsal quedó bajo administración estatal. La infraestructura constituye el principal soporte de transporte de datos para conectar distintas zonas del país y también permite atender a entidades públicas ubicadas en zonas alejadas.
Sin embargo, su baja utilización y los problemas de mantenimiento llevaron al Gobierno a evaluar distintas alternativas para su administración y puesta en valor.
La viceministra de Comunicaciones, Dalia Suárez, señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones analiza tres opciones: mantener la administración estatal, encargarla a un tercero o entregar la infraestructura en concesión.
La decisión considera factores como la disponibilidad presupuestal, los costos de mantenimiento y los beneficios que pueda generar cada alternativa. El Gobierno esperaba definir la modalidad de administración a más tardar en noviembre.
La red atraviesa 22 regiones y cuenta con nodos cuya infraestructura requiere mantenimiento y actualización. El objetivo planteado por el MTC es recuperar el valor de este activo nacional y garantizar una operación especializada.
La disputa arbitral llega a una fase central
El proceso ante el CIADI ya pasó por la presentación de escritos relacionados con el fondo de la controversia y la jurisdicción. La audiencia presencial de septiembre constituye una nueva etapa del arbitraje.
El tribunal está presidido por Valeria Galíndez. Antonio Hierro fue designado por las empresas demandantes y Álvaro Galindo representa al Estado peruano.
Mientras el arbitraje avanza, el Gobierno debe resolver también cómo gestionar y aprovechar una infraestructura que fue diseñada para ampliar la conectividad nacional, pero que registró una utilización muy inferior a su capacidad durante la etapa de concesión.
MEF autoriza USD 11.903 para el viaje
El MEF aprobó un gasto total de USD 11.903,24 para el viaje de las dos funcionarias. El monto contempla USD 2.431,62 en pasajes aéreos y USD 3.520 en viáticos para cada una.
Los recursos serán cubiertos por la Unidad Ejecutora 001, Administración General del pliego del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con las normas que regulan los viajes de funcionarios públicos al exterior y la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
Tras su retorno al país, Guerrero Acevedo y Salazar Espinoza tendrán 15 días calendario para presentar un informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas correspondiente.
De esta manera, el futuro de la Red Dorsal se encuentra atravesado por dos procesos paralelos: por un lado, el Estado debe definir cómo administrará y pondrá en valor la infraestructura; por otro, enfrenta ante el CIADI la controversia internacional derivada de la terminación de la concesión de Azteca.
