El convenio entre ProInversión y Shougang permite avanzar hacia la entrega del área al concesionario San Juan Port y reactivar el proyecto portuario, mientras la Contraloría había advertido riesgos vinculados a la entrega de los terrenos.
Puerto de Marcona busca retomar su ejecución tras el convenio suscrito entre la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y Shougang Hierro Perú, acuerdo que permitirá superar el impedimento que mantenía suspendido el plazo contractual del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, proyecto que contempla una inversión de US$404.8 millones.
El convenio establece que Shougang Hierro Perú no ejercerá ni opondrá derechos derivados de sus concesiones mineras dentro del área destinada al proyecto. Asimismo, mantiene la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre los terrenos que serán entregados al concesionario San Juan Port S.A.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, participó en la firma del acuerdo, que busca permitir la entrega efectiva de los terrenos y dar paso a las actividades de ingeniería y construcción.
Con la superación de este impedimento, el proyecto podrá avanzar hacia la activación del contrato de concesión y la ejecución de la inversión privada prevista para modernizar la infraestructura portuaria del sur del país. ProInversión señaló que el convenio constituye un paso para reactivar una inversión de US$404.8 millones.
Puerto de Marcona tendrá una concesión de 30 años
El Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona tendrá una concesión de 30 años e incluirá el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia de la infraestructura portuaria.
La primera etapa contempla una inversión superior a US$271 millones para la construcción de un muelle con dos amarraderos, un puente de acceso, áreas de almacenamiento, sistemas de embarque y equipamiento portuario.
El terminal será multipropósito y atenderá principalmente embarques de concentrados de hierro y cobre, además de carga general, carga en contenedores e insumos vinculados a proyectos mineros.
Entre los proyectos que podrían utilizar esta infraestructura se encuentra Pampa de Pongo, cuyos concentrados forman parte de la carga prevista para el nuevo terminal.
Infraestructura tendrá alcance en cinco regiones
Según el MTC, el proyecto tendrá un área de influencia que comprende 29 provincias y 280 distritos de Ica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Cusco.
La infraestructura busca generar una alternativa logística para las actividades productivas y los proyectos mineros del sur peruano, además de fortalecer la conexión portuaria de esta zona del país.
El proyecto contempla también un Fondo Social destinado a financiar iniciativas para las poblaciones de Marcona y Nazca. ProInversión estima que durante los primeros cinco años podrían generarse alrededor de 1,500 empleos directos e indirectos y que el fondo alcanzaría aproximadamente S/290 millones.
Contraloría había advertido riesgo para la entrega de terrenos
El destrabe del proyecto se produce después de que la Contraloría General de la República identificara riesgos vinculados a la entrega del área de concesión.
Según el Informe de Hito de Control N.° 11425-2026-CG/APP-SCC, correspondiente al periodo del 21 al 26 de agosto de 2026, existía una controversia legal relacionada con los terrenos del proyecto, situación que podía afectar la suscripción del acta de posesión con el concesionario.
El informe señaló que la superposición de derechos derivados de concesiones mineras había impedido la entrega del área y provocado la suspensión contractual del plazo de la concesión.
De acuerdo con la información difundida sobre el informe de control, la entrega de los terrenos tenía como fecha límite el 12 de octubre de 2026. Por ello, aunque el convenio entre ProInversión y Shougang permite avanzar en el destrabe, la culminación de los actos necesarios para la entrega del área resulta determinante para que el proyecto continúe hacia su ejecución.
El nuevo terminal de San Juan de Marcona fue adjudicado como una iniciativa privada autofinanciada y contempla una inversión cercana a US$405 millones, con capacidad para atender carga a granel, carga general y contenedores.
