La petrolera estatal acumula deudas millonarias y sufre quiebre de la cadena de pagos; el Tribunal Constitucional analizará la constitucionalidad del Decreto de Urgencia N.º 013-2024, que busca un nuevo salvataje financiero.
El 25 de noviembre de 2025 se realizó la audiencia pública de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, que autoriza un salvataje financiero reiterado a Petroperú con recursos públicos. La demanda sostiene que el Ejecutivo vulnera los principios de temporalidad y excepcionalidad de los decretos de urgencia, al cubrir problemas financieros estructurales sin agotar mecanismos legislativos ni administrativos.
Radiografía de la crisis
El principal problema de Petroperú es su deuda total, estimada en aproximadamente US$ 8,100 millones, cuatro veces su patrimonio. La empresa proyecta pérdidas de US$ 340 millones en 2025 y un déficit operativo cercano a US$ 1,500 millones. El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) escaló de US$ 2,700 millones a más de US$ 6,500 millones, sin respaldo técnico ni financiero suficiente, según César Gutiérrez Peña, ex titular de la petrolera.
La compañía mantiene deudas por US$ 120 millones con proveedores de crudo y US$ 200 millones con proveedores de servicios auxiliares, además de afrontar costos fijos del Oleoducto Norperuano, paralizado y generando pérdidas anuales cercanas a US$ 100–120 millones.
Tribunal Constitucional y cuestionamiento al modelo estatal
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la demanda del Colegio de Abogados de Arequipa y el jurista Walter Gutiérrez, ex defensor del Pueblo, respecto a si el modelo de gestión de Petroperú, basado en salvatajes recurrentes mediante decretos de urgencia, es compatible con la Constitución. Según Gutiérrez, este mecanismo no puede sostener una empresa quebrada y evidencia la incapacidad del Estado para gerenciar eficientemente la actividad petrolera, donde el sector privado podría operar de manera más racional.
Antecedentes del salvataje
El Decreto de Urgencia N.º 013-2024, publicado el 13 de septiembre de 2024, autoriza la capitalización de la deuda pública de Petroperú y nuevas operaciones de endeudamiento por hasta US$ 1,000 millones con garantía estatal. Además, el MEF asumió el pago de intereses de bonos internacionales y un préstamo de capital de trabajo por hasta US$ 800 millones, convirtiéndolos en aportes de capital del Estado.
Este modelo ha sido criticado por reforzar la gestión fallida de la empresa y comprometer recursos públicos que podrían destinarse a prioridades urgentes como salud, educación y seguridad ciudadana.
Riesgo inminente de paralización
Especialistas advierten que la Refinería de Talara se acerca a la paralización debido a deudas con proveedores de crudo (US$ 120–130 millones) y al quiebre de la cadena de pagos. UNNA Energía suspendió temporalmente el suministro de crudo el 29 de enero de 2026 por una deuda cercana a US$ 50 millones, reduciendo la capacidad de refinación y agravando la crisis operativa.
Hoy Petroperú depende casi exclusivamente de Talara; Conchán opera al mínimo, Iquitos produce a alto costo, Pucallpa está paralizada y el Oleoducto Norperuano no opera, pero sigue generando pérdidas.
Intervención del MEF y cuestionamientos a consultoras
El MEF contrató a Deloitte para la reestructuración de Talara, pese a que esta consultora avaló los sobrecostos del proyecto y cobró cerca de US$ 39 millones durante su ejecución. Gutiérrez Peña cuestiona la participación de exministros y tecnócratas que promovieron decisiones que condujeron al desastre.
Actualmente, Petroperú es esencialmente Talara, que se está quedando sin crudo, proveedores ni financiamiento real. La paralización deja de ser una hipótesis y se convierte en un riesgo operativo inmediato.
