Trabajadores cuestionan designación de Deloitte y uso de recursos públicos en asesorías externas, en medio del proceso de reorganización de la petrolera estatal.
El proceso de reorganización y eventual privatización de Petroperú suma un nuevo frente de conflicto. El Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú, FSTPP, expresó su rechazo a la forma en que ProInversión viene conduciendo el encargo otorgado por el Ejecutivo, en línea con el Decreto de Urgencia N° 010 2025, publicado el último día del 2025.
El gremio sindical acusa a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de realizar contrataciones de asesorías externas sin transparencia, sin respetar plazos mínimos y sin garantizar competencia real entre postores, lo que califican como designaciones discrecionales.
“Resulta especialmente grave y preocupante que dichas contrataciones no hayan cumplido con los plazos ni procedimientos mínimos que demanda un proceso de esta naturaleza, configurándose una designación dirigida, es decir, una contratación a dedo, sin competencia real ni evaluación objetiva”, sostuvo la representación sindical.
Cuestionamientos a la designación de Deloitte
Uno de los puntos centrales de la crítica es la contratación de Deloitte para estructurar el plan del proceso de privatización. El Frente de Sindicatos advirtió que la firma ha sido cuestionada internacionalmente por la elaboración de informes presuntamente irregulares o carentes de sustento técnico, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la idoneidad de los documentos que definirían el futuro de la empresa estatal.
César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, cuestionó además que la designación se haya realizado en apenas 24 días para un proceso de alta complejidad técnica y financiera. Recordó que hace una década Deloitte fue contratada como PMO en la construcción de la Nueva Refinería Talara, proyecto por el cual recibió US$ 39,4 millones y que estuvo marcado por retrasos, sobrecostos y problemas en su puesta en operación.
“Deloitte ha sido testigo silente de los excesos en la construcción de la Refinería de Talara y, además, cobró US$ 39 millones. Por decoro debió inhibirse de participar”, afirmó Gutiérrez, quien también cuestionó si se invitó a otras empresas, cómo se definió el monto a pagar y cuál es el alcance real del contrato.
Desde su perspectiva, resulta contradictorio que una firma vinculada a la etapa de mayor expansión del gasto en Talara ahora asuma el rol de estructurador del proceso de reordenamiento.
Posibles conflictos de interés
El debate se amplía con la adjudicación, en noviembre del 2025, del análisis forense del proyecto de la Nueva Refinería Talara a la empresa brasileña Alvarez and Marsal Consultoria em Engenharia Ltda por US$ 2,7 millones. Según Gutiérrez, en dicha consultora participaron antiguos socios del Consorcio Deloitte Talara, lo que podría configurar un eventual conflicto de interés, al tener acceso a información sensible y documentación interna del proyecto.
Para los sindicatos, el uso de recursos públicos en consultoras privadas resulta aún más cuestionable en un contexto en el que se exige austeridad a los trabajadores y se restringe la inversión operativa de la empresa.
El FSTPP considera inaceptable que estas decisiones se amparen en el Decreto de Urgencia N° 010 2025 sin diálogo previo con los trabajadores ni rendición de cuentas a la ciudadanía. En su pronunciamiento, el gremio exigió transparencia, revisión inmediata de las contrataciones y que cualquier proceso de reorganización respete el debido proceso administrativo, incluya participación sindical y garantice la defensa del patrimonio energético del Perú.
El caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de Petroperú, en un momento en que la empresa enfrenta desafíos financieros, presión política y un debate de fondo sobre el rol del Estado en el sector hidrocarburos.
