Petroperú atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa estatal enfrenta una insolvencia operativa, estrés severo de liquidez y un riesgo inmediato de default técnico, situación que obliga al Estado a acelerar decisiones clave sobre su reestructuración y viabilidad futura.
El escenario financiero se agrava en un contexto de marcada inestabilidad institucional. El pasado 23 de diciembre, la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú S.A. designó a Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares como presidenta del Directorio, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la petrolera estatal. Sin embargo, su nombramiento se produce en medio de una alta rotación en la alta dirección.
Su antecesor, Luis Alberto Canales, ocupó el cargo por poco más de un mes tras haber sido designado el 15 de noviembre. Esta situación no es aislada: desde julio de 2021, Petroperú ha tenido 11 presidentes de directorio, con una duración promedio de apenas cinco meses por gestión, lo que evidencia una profunda fragilidad en la gobernanza corporativa de la empresa.
Desde el punto de vista operativo, los problemas estructurales persisten. Los sobrecostos asociados a la Nueva Refinería de Talara, las limitaciones para acceder a financiamiento, la pérdida de confianza de los mercados y una débil gestión financiera han deteriorado la capacidad de Petroperú para cumplir oportunamente con sus obligaciones.
El MEF ha advertido que, de no implementarse medidas correctivas de fondo, la empresa podría enfrentar mayores dificultades en 2026, año clave marcado además por el ciclo electoral y un entorno económico aún desafiante. Entre las alternativas que se evalúan figuran un proceso de reestructuración integral, ajustes en su modelo de negocio, mayor disciplina financiera e incluso una redefinición del rol del Estado en la compañía.
Analistas coinciden en que el futuro de Petroperú dependerá de la estabilidad de su directorio, la profesionalización de su gestión y la adopción de decisiones técnicas alejadas de presiones políticas. Sin estos cambios, la petrolera estatal seguirá representando un riesgo fiscal significativo para el país.
De cara al 2026, el desafío no solo será evitar un default, sino recuperar la sostenibilidad financiera y la credibilidad institucional de una empresa estratégica para el sector energético nacional.
