La debida diligencia permite identificar señales de alerta y reducir la exposición a riesgos legales, financieros y reputacionales.
Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) recibió 170.553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) provenientes de sujetos obligados y organismos supervisores, según información estadística de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los reportes corresponden a operaciones que presentan características inusuales, carecen de un fundamento económico o lícito aparente o podrían estar vinculadas con actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
“170 mil reportes en una década muestran algo simple: conocer con quién haces negocios dejó de ser un trámite. No basta revisar una vez; hay que identificar y gestionar riesgos de forma permanente”, señala Vicente Cruz, CEO de Sheriff.
El riesgo también se encuentra en actividades que forman parte de cadenas comerciales aparentemente legítimas. De acuerdo con la UIF-Perú, entre enero de 2015 y septiembre de 2025 se recibieron más de 5.700 ROS vinculados con minería ilegal, por un monto superior a US$22.800 millones, convirtiendo a este delito en el tercero más reportado por cantidad y el segundo por monto de ROS.
Ante este escenario, las empresas pueden fortalecer sus procesos de debida diligencia considerando distintos elementos antes y durante una relación comercial:
- Identidad y representación: verificar quiénes son los representantes, apoderados y beneficiarios finales de una empresa.
- Antecedentes legales: revisar procesos judiciales, sanciones y otra información que pueda representar señales de alerta.
- Situación financiera: analizar información relacionada con obligaciones, comportamiento de pago y capacidad financiera de la contraparte.
- Cumplimiento y reputación: identificar posibles alertas asociadas a lavado de activos, sanciones, actividades ilícitas o noticias adversas.
La SBS señala que los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo contemplan medidas de debida diligencia para conocer a clientes, directores, trabajadores, proveedores y contrapartes. Esto incluye identificar al beneficiario final, es decir, a la persona natural que posee o ejerce el control efectivo sobre una organización, permitiendo complementar la información registral y conocer quién está realmente detrás de una empresa.
Para las empresas, la gestión de compliance implica pasar de una revisión puntual a un proceso continuo. Una contraparte puede cambiar de representantes, situación financiera, estructura societaria o exposición a determinados riesgos durante el tiempo que mantiene una relación comercial. Por ello, actualizar periódicamente la información permite detectar cambios que podrían requerir una nueva evaluación.
“El alza de reportes muestra que esto ya no es solo del sistema financiero: para cualquier empresa, contrastar información y poner alertas es decidir con datos y no a ciegas”, concluye Cruz.
