Formalizar una pequeña empresa en Perú exige 3,853 horas de trámites, según estudio internacional Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University.
El Perú ocupa el segundo peor lugar entre 27 países evaluados por su carga burocrática para las pequeñas empresas. Abrir un negocio formal en el país requiere 3,853 horas de trámites, equivalentes a casi dos años de trabajo a tiempo completo y más del doble del promedio internacional, de 1,638 horas. A ello se suman otras 3,181 horas anuales para cumplir con las obligaciones administrativas del negocio, lo que representa 398 jornadas laborales de ocho horas.
Así lo revela la sexta edición del Índice de Burocracia 2026, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University (FIU), cuyo capítulo peruano estuvo a cargo de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP). El estudio evidencia que las exigencias administrativas representan una importante barrera para la formalización, el crecimiento de las empresas y la generación de empleo.
José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú señala que cada hora en trámites es una hora en que no se produce, no se vende y no se contrata. El Perú integra el grupo de países que necesita mejorar sus procedimientos de apertura, funcionamiento y cierre.
“La salida es la confianza y la fiscalización posterior: que el emprendedor pueda abrir cumpliendo requisitos verificables y que el Estado fiscalice cuando el negocio ya funciona, como ocurre en Colombia con los restaurantes. Hoy cerrar un negocio también es complicado: toma 5,367 horas, 38 veces lo que en Portugal”, sostuvo.
El estudio, que evalúa 27 países -20 de América Latina y el Caribe y siete de Europa -, ubica al Perú entre las economías con mayor carga burocrática para las pequeñas empresas. El análisis mide el tiempo que estos negocios deben destinar a cumplir los trámites obligatorios para abrir, operar y cerrar, sin considerar las tasas ni los pagos asociados a dichos procedimientos.
Asimismo, uno de los principales hallazgos es que los procedimientos municipales representan el mayor obstáculo para iniciar una pequeña empresa formal. Obtener la licencia de funcionamiento, incluido el certificado de Defensa Civil, demanda 1,879 horas, equivalentes al 48.8% del tiempo total requerido para abrir un negocio. Esta carga evidencia el impacto de los procedimientos administrativos locales en la formalización empresarial y en la capacidad de los emprendedores para poner en marcha sus actividades económicas.
Otro punto importante es que la burocracia tampoco termina con la apertura. Una pequeña empresa peruana necesita dedicar 3,181 horas anuales al cumplimiento de obligaciones administrativas, casi tres veces el promedio internacional de 1,178 horas. Esta cantidad equivale a 398 jornadas laborales de ocho horas. Dentro de esta carga, las obligaciones laborales y de planillas representan 1,344 horas al año, la cifra más alta entre los 27 países evaluados. Entre los procedimientos considerados se encuentran el PLAME, T-Registro, AFP, ONP, Seguro Vida Ley y EsSalud.
El estudio advierte que salir formalmente del mercado tampoco resulta sencillo. El cierre de una pequeña empresa demanda aproximadamente 5,367 horas, de las cuales 2,941 corresponden al proceso de liquidación, 1,520 al registro y notificación y 1,080 a la baja del RUC ante la SUNAT. Estos resultados muestran que las exigencias administrativas acompañan a los emprendedores durante todo el ciclo de vida de sus negocios: desde su creación hasta su eventual cierre.
Perú frente a otros países: hasta 11.5 veces más tiempo que Brasil
Las diferencias con otras economías de la región también son significativas. Abrir una pequeña empresa en el Perú toma 1.8 veces más tiempo que en Chile, seis veces más que en México y 11.5 veces más que en Brasil. La brecha también se observa en el funcionamiento de los negocios: mientras una pequeña empresa peruana necesita 3,181 horas al año para cumplir sus obligaciones administrativas, una empresa chilena requiere apenas 367 horas.
El impacto de esta carga trasciende el tiempo que los empresarios dedican a los trámites. Según el índice, la burocracia genera pérdidas de productividad estimadas en US$ 140 mil millones anuales entre los 27 países analizados, equivalentes al 16.5% de su PBI. El Perú figura entre las seis economías donde este costo representa entre el 20% y el 45% del PBI.
Al respecto, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, señaló que la carga burocrática constituye una barrera para la formalización, la inversión y la generación de empleo.
“La formalidad se ha vuelto inalcanzable. Abrir una pequeña empresa en el Perú toma 3,853 horas, casi dos años de trabajo de una persona y más del doble del promedio de los 27 países evaluados. Mientras los trámites siguen limitando el crecimiento de las empresas, el gasto en planilla del Estado de los últimos cinco años fue 41% mayor que el de los cinco anteriores. Más Estado significa más requisitos, plazos y firmas; es decir, más barreras. Y más barreras significan menos formalidad, menos inversión y menos empleo”, afirmó.
Beteta agregó que el problema no se limita a la apertura de los negocios, sino que también afecta su funcionamiento y eventual salida del mercado.
Frente a este escenario, la Asociación de Contribuyentes del Perú plantea simplificar procedimientos, eliminar duplicidades administrativas y fortalecer los mecanismos de fiscalización posterior, de manera que los emprendedores puedan cumplir con las normas sin enfrentar cargas burocráticas desproporcionadas.
“Son cifras preocupantes por sus consecuencias sobre la inversión, la formalización, la productividad y la competitividad del país. Necesitamos simplificar procedimientos en lugar de seguir ampliando las exigencias administrativas. Menos barreras significa más oportunidades para formalizar, generar empleo y desarrollar empresa”, concluyó Beteta.
El Índice de Burocracia 2026 evidencia así la necesidad de revisar los procedimientos que enfrenta la pequeña empresa peruana y promover una gestión pública más eficiente, que facilite el emprendimiento y permita que los negocios concentren sus recursos en producir, invertir y generar empleo.
