Lupaka Gold busca que un tribunal federal en Washington valide el laudo que le fue otorgado por la paralización de su proyecto Invicta, en medio de un escenario de crecientes controversias internacionales contra el Estado peruano.
La minera canadiense Lupaka Gold Corp. presentó una demanda contra el Perú ante un tribunal federal en Washington con el objetivo de cobrar un laudo arbitral por aproximadamente US$ 69 millones, incluidos intereses, según reportó Bloomberg.
El laudo fue obtenido el año pasado tras un proceso arbitral que concluyó que el Estado peruano no logró contener las protestas de comunidades rurales que paralizaron las operaciones de la mina Invicta, proyecto aurífero de la compañía.
Demanda para ejecutar el laudo en EE.UU.
La acción judicial fue presentada el 27 de febrero y busca que un juez estadounidense confirme el fallo arbitral, paso necesario para iniciar eventuales medidas de ejecución. En un comunicado, Lupaka señaló que confía en poder embargar activos peruanos en Estados Unidos una vez que el tribunal valide la decisión.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) indicó, según Bloomberg, que había contactado previamente a la minera para transmitir la intención del país de cumplir con el laudo y propuso sostener reuniones de coordinación a la brevedad. Sin embargo, la demanda fue presentada igualmente.
Riesgo reputacional y precedentes
El caso se suma a otras controversias arbitrales recientes que enfrenta el Perú en el ámbito internacional. En los últimos años, el país ha registrado un aumento en disputas con inversionistas extranjeros, algunas de las cuales han derivado en acciones judiciales para ejecutar laudos impagos.
Uno de los precedentes fue el del Consorcio Kuntur Wasi, adjudicatario de un proyecto aeroportuario, que obtuvo US$ 91 millones luego de que un tribunal estadounidense confirmara un laudo a su favor. En ese proceso, el Estado peruano no presentó defensa legal.
El presidente de Lupaka, Gordon Ellis, advirtió que la negativa del Perú a cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional podría ser observada por la industria minera al momento de tomar decisiones de inversión. A su vez, Carlos José Valderrama, expresidente de Sicreci, entidad encargada de la gestión de arbitrajes del Estado, señaló que el caso podría marcar una hoja de ruta para otras compañías cuyas operaciones se vean afectadas por conflictos sociales.
El litigio reabre el debate sobre la capacidad del Estado para gestionar controversias internacionales, proteger su reputación como destino de inversión y evitar contingencias fiscales derivadas de laudos arbitrales no ejecutados oportunamente.
