El Estado peruano deberá pagar más de US$67 millones a Lupaka Gold Corp. luego de dejar vencer el plazo para impugnar un laudo del CIADI, un episodio que vuelve a poner bajo la lupa la seguridad jurídica y la gestión de conflictos sociales en proyectos mineros.
Un laudo definitivo y sin opción de apelación
La minera canadiense Lupaka Gold Corp. obtuvo un laudo arbitral internacional definitivo a su favor, luego de que el Perú no solicitara la anulación del fallo dentro del plazo legal establecido. Al vencerse el período de 120 días sin que el Estado presentara recurso alguno, la decisión quedó firme y plenamente exigible.
El laudo fue emitido el 30 de junio de 2025 y obliga al Perú a pagar alrededor de US$67 millones, monto que continúa incrementándose debido a la aplicación de intereses fijados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, cercanos al 9% anual.
El origen del conflicto: el proyecto Invicta
El arbitraje se originó por la paralización y posterior pérdida del proyecto aurífero Invicta, ubicado al norte de Lima. Según el tribunal, los bloqueos comunitarios impidieron el desarrollo normal de las operaciones y el Estado peruano no adoptó las medidas necesarias para garantizar la protección de la inversión.
El fallo concluyó que el Perú incumplió sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, particularmente en lo referido a la protección de inversiones extranjeras frente a actos que afecten su viabilidad económica.
Riesgo fiscal y reputacional para el país
Ante la falta de pago, Lupaka informó que ha iniciado acciones para identificar activos del Estado peruano susceptibles de ejecución en el exterior, conforme a los mecanismos previstos en el derecho internacional.
Especialistas advierten que el incumplimiento de un laudo firme no solo eleva el costo fiscal para el país, sino que deteriora la reputación del Perú como destino de inversión. Este tipo de episodios impacta especialmente en sectores intensivos en capital como la minería, donde la estabilidad jurídica y la gestión eficiente de conflictos sociales son factores clave para atraer inversión de largo plazo.
