El Gobierno prevé cerrar el año con la adjudicación de ocho iniciativas de agua potable y tratamiento de aguas residuales en varias regiones del país, como parte de un plan integral de infraestructura sanitaria.
El Ejecutivo anunció su intención de adjudicar ocho proyectos de saneamiento por más de US$ 1,500 millones en 2025, como parte de una estrategia nacional orientada a mejorar el acceso al agua potable y la gestión de aguas residuales. Estas iniciativas beneficiarán directamente a millones de peruanos en zonas urbanas y rurales.
Entre los proyectos más relevantes figura la primera fase de las obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima Metropolitana, que beneficiará a 1.2 millones de personas en distritos del este y sur, como Ate, La Molina, Pachacámac y Cieneguilla. Asimismo, se contemplan nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Puerto Maldonado, Cajamarca, San Martín, Trujillo y Cusco, así como una planta desaladora en Ilo.
Uno de los primeros contratos adjudicados es la PTAR Chincha, con una inversión de US$ 250 millones. El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) por la empresa española FCC Aqualia, que asumirá el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta por 15 años. La concesión marca un avance clave en la estrategia de participación privada en infraestructura sanitaria.
Durante la firma del contrato, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, destacó que entre 2025 y 2026 se espera adjudicar 13 proyectos adicionales por más de US$ 2,100 millones, beneficiando a siete millones de personas en 13 regiones. Resaltó también el respaldo del sector privado: “Firmar un contrato de 15 años demuestra fe en la estabilidad y desarrollo del país”, indicó.
El avance de estos proyectos ha sido posible gracias a la coordinación entre el Ministerio de Vivienda, el MEF, la Sunass, el BID y ProInversión. La apuesta por ampliar la cobertura de servicios básicos mediante mecanismos APP consolida el papel del Perú como un mercado confiable para inversiones sostenibles en infraestructura.
