La quiebra de Ueno Bank y la crisis política que involucra al presidente Santiago Peña evidencian debilidades en la supervisión financiera, el control de la corrupción y la gobernanza de Paraguay. Moody’s considera que, por ahora, el impacto en el perfil crediticio soberano será limitado, aunque advierte sobre los riesgos de una prolongada incertidumbre política y social.
El 5 de noviembre, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia tras las protestas públicas y la pérdida de apoyo político del oficialismo —el Partido Colorado— a raíz de la quiebra de Ueno Bank. El Congreso rechazó su renuncia y, en cambio, inició un juicio político contra Peña por sus vínculos personales con el banco. Si bien Moody’s no espera que haya un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay, respaldado por un fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja (alrededor del 38% del PIB), los acontecimientos ponen de relieve las persistentes debilidades institucionales y de gobernanza relacionadas con un largo historial de muy débil control de la corrupción y limitada efectividad gubernamental.
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que había sometido a Ueno a un proceso de resolución porque su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo regulatorio tras los ajustes a sus estados financieros durante el proceso de regularización. A septiembre, Ueno representaba el 8% de los créditos y el 9% de los depósitos del sistema. La quiebra de Ueno es negativa para el sistema bancario del país y pone de relieve deficiencias de gobernanza y supervisión, pero esperamos que los riesgos sistémicos se mantengan contenidos mediante un proceso de resolución rápido y ordenado.
Si bien la quiebra de Ueno Bank genera un pasivo contingente para el gobierno, los costos fiscales directos parecen limitarse al posible apoyo de liquidez del BCP al fondo de garantía de depósitos. El uso del fondo para iniciar el reembolso de los depósitos no implica un costo fiscal inmediato. Estos costos solo se producirían si las entidades públicas incurrieran en pérdidas sobre los saldos no recuperados o necesitaran apoyo presupuestario. El BCP ha indicado que alrededor del 97% de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía de depósitos de Paraguay y, a septiembre de 2026, el fondo contaba con una liquidez de USD1,600 millones, equivalente a aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de Ueno.
La quiebra de Ueno Bank, ante las denuncias de corrupción en la entidad, ha generado inquietud pública sobre la independencia supervisora del BCP y la protección de los activos financieros depositados en el banco. El presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien anteriormente se había desempeñado como presidente de Financiera Ueno, la entidad predecesora de Ueno, renunció tras la quiebra del banco. Legisladores paraguayos han denunciado un presunto uso indebido de fondos previsionales por parte del banco y posibles encubrimientos institucionales. Investigaciones creíbles sobre estas denuncias ayudarán a establecer si hubo fallas de supervisión y control.
En general, estos acontecimientos ponen de relieve la calidad relativamente débil de las instituciones y la gobernanza de Paraguay; esta debilidad se ve mitigada por una mayor efectividad de las políticas fiscal y monetaria, las cuales han contribuido a un marco macroeconómico sólido. Si bien las reformas —incluidas la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley de Modernización de la Administración Financiera del Estado, la Ley de Alianza Público-Privada, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y la reforma de 2026 del sistema de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal— han mejorado la efectividad de las políticas en los últimos años, persisten las limitaciones de capacidad institucional y los desafíos de implementación, como lo demuestran la quiebra de Ueno y los inesperados atrasos fiscales del gobierno anunciados el año pasado. Nuestra evaluación de la fortaleza institucional incorpora las puntuaciones de Paraguay en los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI, por sus siglas en inglés); entre ellas se encuentran las correspondientes a efectividad gubernamental, control de la corrupción y Estado de derecho. Las puntuaciones se sitúan de forma sistemática en el percentil 25 o por debajo de este entre los soberanos que calificamos y son inferiores a la mediana de sus pares calificados en Baa.
El vicepresidente Pedro Alliana es, conforme a la Constitución, el siguiente en la línea de sucesión del presidente Peña y, cuando se formalice la salida de Peña mediante su renuncia o concluya el proceso de juicio político, se espera que Alliana asuma la presidencia y complete el actual período presidencial, que finaliza en agosto de 2028. Un gobierno encabezado por Alliana probablemente mantendría el actual marco de política económica de Paraguay, que respalda la disciplina fiscal, la independencia del BCP para establecer la política monetaria y la estabilidad de precios mediante un régimen de metas de inflación. Como dirigente clave de la actual coalición gobernante, Alliana ha respaldado una política fiscal centrada en la contención del gasto y contraria a los aumentos de impuestos, en el contexto de un marco fiscal de mediano plazo.
Esperamos una transición ordenada que facilite la adopción oportuna de decisiones sobre la resolución y asegure la continuidad de las políticas. Una incertidumbre prolongada en torno a la transición política y una mayor inestabilidad política y social podrían afectar el desempeño económico y fiscal debido al aumento del riesgo político y al deterioro de la confianza de los inversores.
Si bien hemos considerado el bajo riesgo político como una fortaleza relativa de Paraguay, monitorearemos las implicaciones más amplias y a largo plazo de los acontecimientos recientes para determinar la existencia de un posible cambio. Incorporaremos cualquier implicación crediticia relevante en el perfil crediticio soberano cuando corresponda.
