Por Dra. Nelly Bartuen Álvarez
La inseguridad ha dejado de ser una preocupación exclusiva de las grandes ciudades. Hoy, en mercados, barrios, centros educativos y hasta dentro de los propios hogares, los peruanos sienten miedo. Atracos en pleno día, extorsiones, asesinatos por encargo y cobros de cupos se han vuelto parte del paisaje cotidiano. La población ya no solo está preocupada: está cansada, molesta y desprotegida.
Muchos lo dicen sin rodeos: «Estamos viviendo en una anarquía». La autoridad parece ausente, y la delincuencia, organizada o común, ha ganado terreno sin enfrentar una estrategia clara, coordinada ni contundente. La pregunta es inevitable: ¿dónde están las soluciones?
Un país bajo amenaza interna
Las cifras no mienten. En los primeros cinco meses del 2025, se ha reportado un incremento sostenido de crímenes violentos en todo el país. Regiones como Lima, Trujillo, Piura, Arequipa y Puno se han convertido en focos de criminalidad, muchas veces alimentada por mafias locales y extranjeras, que operan con impunidad alarmante.
El ciudadano de a pie ya no distingue entre zonas “seguras” o peligrosas. Todos están en riesgo. Los negocios cierran más temprano, los transportistas viven amenazados, y miles de emprendedores pagan “cuotas” para no ser blanco de balaceras o saqueos.
Desconfianza en las autoridades
Mientras tanto, el Estado no responde con la rapidez que la crisis exige. Las políticas de seguridad siguen atrapadas entre discursos, cambios de ministros, falta de liderazgo y presupuestos mal ejecutados. La policía, debilitada y muchas veces mal equipada, se ve desbordada. El sistema judicial, por su parte, sufre una profunda crisis de credibilidad.
La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y los escándalos por corrupción no hacen más que agravar el problema. En este contexto, el descontento ciudadano va en aumento, y algunos ya empiezan a considerar la justicia por mano propia como única salida, lo que representa un peligroso precedente social.
¿Y la solución?
Los expertos coinciden, no hay solución mágica, pero sí es posible diseñar una estrategia nacional firme, técnica y sostenida. Esto implica:
- Reformar y fortalecer la PNP, con enfoque territorial y capacidades tecnológicas.
- Inteligencia policial real, para desarticular bandas criminales y mafias de extorsión.
- Justicia célere y firme, con fiscales y jueces blindados ante amenazas y presiones.
- Trabajo articulado con gobiernos regionales y locales, sin tintes políticos.
- Inversión en prevención social, especialmente en jóvenes vulnerables al reclutamiento criminal.
La seguridad no puede seguir siendo una promesa de campaña ni una excusa para el autoritarismo. Es un derecho ciudadano fundamental y una condición básica para el desarrollo económico.
