La empresa española implicada en el llamado “Caso Ábalos” mantiene contratos millonarios con el Estado peruano: Sedapal, el Anillo Vial Periférico y proyectos de transmisión eléctrica.
Un escándalo de corrupción que estremece al gobierno español amenaza con impactar directamente en el Perú. La protagonista es Acciona, una de las mayores multinacionales españolas de infraestructura, agua y energía, que en territorio nacional ha logrado contratos públicos de alto valor. La firma está en el centro de una investigación por presuntos sobornos pagados en España, y su implicancia podría poner bajo la lupa sus operaciones en nuestro país.
Según reveló Epicentro, medio que accedió a los documentos completos de la investigación, Acciona habría pagado más de un millón de euros en sobornos a altos funcionarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para asegurarse adjudicaciones de obras públicas. El informe de la Guardia Civil apunta al exministro de Transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y al ahora renunciante número tres del PSOE, Santos Cerdán.
El documento revelado por la Guardia Civil indica que Acciona pagó al menos 620 mil euros en coimas y ofreció otros 450 mil euros aún no desembolsados. A raíz de la exposición pública del caso, Santos Cerdán dimitió de sus cargos, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se vio obligado a pedir perdón a la ciudadanía.
¿Qué significa esto para el Perú?
Acciona opera en Perú desde 1974 y ha acumulado una significativa presencia en obras públicas, especialmente a través de Sedapal. En 2010, durante el segundo gobierno de Alan García, ganó en consorcio con Graña y Montero la concesión para construir y operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira, en Lima. Aunque en un inicio se proyectó reciclar las aguas para riego, finalmente se transformó en un vertido controlado al mar.
En 2015, ganó también un contrato para el mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado en el sur de Lima, que abarca distritos como Miraflores y Barranco. El valor de este contrato superó los S/ 58 millones.
Pero su presencia más reciente y significativa está en dos megaproyectos:
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El Anillo Vial Periférico de Lima y Callao, adjudicado el 4 de abril de 2024, en consorcio con Cintra y Sacyr. Esta obra contempla 34,8 kilómetros de autopista, túneles y viaductos, y beneficiará a más de 4,5 millones de personas en 11 distritos. La inversión estimada es de 4.500 millones de euros.
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La línea de transmisión energética Machupicchu–Quencoro–Onocora–Tintaya, un proyecto estratégico en el sur del país con una inversión prevista de 800 millones de euros.
¿Está en riesgo la continuidad de estas obras?
Por ahora, la empresa ha negado categóricamente los hechos. En un comunicado oficial, Acciona expresó «sorpresa y preocupación» por lo revelado en España, indicó que el trabajador mencionado en los audios fue despedido en 2021 —año en que cesó también el ministro Ábalos—, y anunció el inicio de una investigación interna.
Sin embargo, los hechos descritos en la investigación de Epicentro no solo cuestionan la transparencia con la que Acciona habría operado en su país de origen, sino que abren la puerta a una interrogante que las autoridades peruanas no deberían ignorar: ¿las mismas prácticas de pago de sobornos se han replicado en las operaciones internacionales de la firma?
Además, existe otra preocupación de fondo: la situación financiera futura de Acciona. Si el escándalo tiene repercusiones legales o económicas severas en España, ello podría afectar su capacidad operativa en el Perú, comprometiendo cronogramas, costos y garantías en megaproyectos ya adjudicados.
¿Por qué el Estado debe reaccionar?
El historial de la empresa en Perú muestra que ha manejado recursos públicos desde hace más de una década. Su papel no es menor: está a cargo de componentes críticos de infraestructura urbana, servicios de saneamiento y electricidad. Por eso, resulta indispensable que las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso y los organismos reguladores, tomen acciones preventivas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ProInversión y Ositran tienen la responsabilidad de auditar, revisar y, de ser necesario, investigar si las adjudicaciones otorgadas a Acciona se hicieron con total legalidad y transparencia. Más aún, cuando en casos anteriores —como Odebrecht o Graña y Montero— se detectaron sobornos transnacionales que afectaron seriamente la credibilidad del sistema de concesiones.
Por ahora, no hay pruebas de que Acciona haya cometido delitos en Perú, pero la gravedad del caso en España exige una evaluación exhaustiva. El control ciudadano y la vigilancia de la prensa también serán clave en este proceso.
Si algo ha demostrado la historia reciente del país, es que los tentáculos de la corrupción no conocen fronteras, y que la impunidad se gesta en el silencio. Esta vez, el Estado peruano tiene una nueva oportunidad para anticiparse.
