Por Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Precandidato a la Presidencia de la República del Perú por el Partido Aprista Peruano
Es una traición a la patria el tratado de Alta Mar, conocido como BBNJ (Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales), fue firmado por la presidenta Dina Boluarte durante la Cumbre de los Océanos (UNOC3), en Niza, Francia.
La visita de la presidenta del Perú a Francia para firmar este tratado representa una ofensa para los ciudadanos de bien que creemos en la soberanía nacional y en el respeto irrestricto del Mar de Grau y sus doscientas millas, que no son negociables bajo ningún concepto.
Este tratado se firmó con la complacencia de cincuenta y cuatro congresistas que autorizaron el viaje de la presidenta para concretar tal infamia contra los intereses de la nación.
Cabe destacar que este tratado restringe la soberanía del país a doce millas y es similar a la Convención del Mar, que fue rechazada de forma categórica. Si bien al Congreso le corresponde su aprobación, este carece de legitimidad, experiencia y, sobre todo, mantiene una posición entreguista y poco defensora de los intereses patrios; carece de conocimientos y es capaz de ratificar cualquier tratado que nos perjudique. Planteamos que este tratado sea aprobado por un referéndum y no por el Congreso de la República.
Llama la atención la complacencia de un sector minúsculo de la población y, en especial, de parte de la prensa peruana, que no ha dicho nada ni ha generado escándalo alguno por el viaje de la presidenta a Francia, ni por el contenido de este tratado, que favorecería a grandes intereses internacionales, en particular a las grandes flotas industriales pesqueras, en detrimento de los recursos naturales, así como también de los recursos energéticos y otras riquezas de nuestro Mar de Grau.
Somos fervientes creyentes en el Mar de Grau y sus doscientas millas, y planteamos la necesidad de que el mar peruano se convierta en una región, ya que representa un sesenta por ciento adicional del territorio nacional. Por ello, proponemos que tenga su propio gobernador y así evitar que decisiones entreguistas como esta prosperen nuevamente. Por el contrario, deberíamos plantear la necesidad de ampliarlo, no reducirlo, como es el espíritu de este tratado.
Es necesario hacer un llamado a toda la población y, en especial, a la clase dirigente del país —que incluye a los políticos, si los hay; a los empresarios nacionalistas, grandes y pequeños; a los líderes sindicales; a los líderes del sector informal y, en particular, a las Fuerzas Armadas y Policiales— para que demuestren su rechazo a este tratado.
¿De qué sirven los acuerdos de colaboración que firmamos con Corea del Sur para potenciar las tres Fuerzas Armadas, el acuerdo con Rusia para modernizar su armamento o la compra de aviones de guerra de última generación por un valor de 3,500 millones de dólares, si frente a este tratado no hay una posición clara de las Fuerzas Armadas y Policiales? ¿Esperan acaso que se ratifique este tratado en el Congreso para recién actuar, cuando ya hayamos perdido soberanía por un simple papel?
Es importante que la clase dirigente del país mantenga una posición férrea de rechazo a este tratado y que todos, en conjunto —aquellos que no hemos sido alcanzados por el entreguismo o por intereses crematísticos—, exijamos que este tratado sea aprobado mediante referéndum, y así el pueblo peruano cuidará de su soberanía.
¡Por un país soberano!
¡Defendamos nuestro territorio y sus riquezas!
