En solo tres meses, empresas de EE. UU., Canadá y Europa presentaron 12 nuevas demandas contra nueve países de la región. El repunte pone en tensión la soberanía fiscal, ambiental y jurídica de los Estados.
América Latina afronta un nuevo récord de litigios internacionales por parte de empresas extranjeras. En el primer semestre de 2025, se han interpuesto 16 demandas en centros de arbitraje internacional, de las cuales 12 ocurrieron solo en los últimos tres meses, según el Transnational Institute (TNI), con sede en Alemania. Las compañías demandantes incluyen corporaciones de Estados Unidos, Canadá, Francia, Portugal y Corea del Sur. Los países demandados: México, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Honduras y El Salvador.
Las demandas se sustentan en tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión que permiten a los inversionistas extranjeros acudir a tribunales como el CIADI, donde los Estados solo pueden actuar como demandados. Estas cláusulas han sido especialmente aprovechadas por grandes mineras y firmas energéticas para frenar regulaciones ambientales, revisiones fiscales o cancelaciones de concesiones.
El aumento de casos responde, en parte, a decisiones soberanas recientes: suspensión de proyectos extractivos tras fallos judiciales (como en Panamá y México), nacionalización de sectores estratégicos como el litio, o nuevas cargas tributarias sobre grandes consorcios. Como señala Bettina Müller, investigadora del TNI, “algunos gobiernos intentan recuperar margen de decisión, y eso incomoda a los intereses corporativos”.
Entre los casos más destacados figura el litigio de First Quantum contra Panamá, tras la cancelación definitiva de una mina de cobre luego de protestas sociales y un fallo de la Corte Suprema. En Venezuela, GR Mining Inc. exige más de 7.000 millones de dólares por la revocación de una concesión minera. También hay reclamos por obras públicas (como el metro de Panamá o la Refinería de Cartagena en Colombia), y servicios como telecomunicaciones o producción de hidrógeno.
Con más de 400 arbitrajes acumulados, América Latina es ya la segunda región con más demandas inversionista-Estado a nivel mundial. El TNI advierte que muchos fallos terminan beneficiando a las empresas: ya sea mediante laudos millonarios o acuerdos que restauran condiciones favorables a la inversión privada. Este repunte podría marcar un récord anual, y reabre el debate sobre la necesidad de reformar o abandonar estos mecanismos que subordinan las decisiones de política pública a los intereses corporativos.
