El financiamiento del Banco Central de Bolivia al sector público llega al 33% del PBI. La inflación de alimentos de Bolivia cerraría en alrededor del 30%, afectando principalmente a los hogares más vulnerables. La deuda pública se aproxima al tamaño del PBI y el déficit fiscal supera el 10%. Las reservas internacionales en divisas se redujeron 85% desde 2015.
Bolivia enfrenta una creciente crisis económica, en el marco de las próximas elecciones generales del 17 de agosto. El país llega a esta cita electoral con inflación récord, déficit fiscal de dos dígitos y una aguda escasez de divisas, tras cerca de 20 años de políticas estatales intervencionistas y elevado gasto público.
La nacionalización del sector hidrocarburos en 2006 coincidió con un ciclo de altos precios internacionales que permitió un crecimiento promedio de 5.0% anual entre 2005 y 2014, acompañado de superávits fiscales. Sin embargo, desde 2015, la caída del precio del gas y la ausencia de inversión redujeron la producción en un promedio de 6.0% anual, llevando al país a importar hidrocarburos desde 2022. Como resultado, el crecimiento económico de la última década se redujo a la mitad.
En un clima de estatización poco favorable, la inversión privada ha mostrado una tendencia descendente desde hace casi dos décadas, representando apenas 42% de la inversión total entre 2007 y 2024, frente al 60% que registraba previamente. La inversión pública, impulsada por las rentas del gas natural en años previos, se viene ajustando a la baja desde 2017. Este escenario adverso ha llevado a Bolivia a acumular altos niveles de deuda y a sostener un déficit fiscal elevado.
Así, el deterioro fiscal es notorio: Bolivia acumula diez años consecutivos de déficit, que en 2024 alcanzó 10.3% del PBI. Además, la deuda pública se aproxima a igualar su PBI al alcanzar el 95% de este en 2024. Por ello, en un escenario de menores ingresos y mayores gastos, el Banco Central de Bolivia viene financiando crecientemente las operaciones de sector público no financiero, que al 2024 alcanzan el 33.8% del PBI boliviano.
En el frente externo, la situación de reservas internacionales es crítica. Desde 2015, estas se redujeron en 85%, como consecuencia de la estrategia de sostener un tipo de cambio fijo en un contexto de menores ingresos por hidrocarburos. Al primer trimestre del 2025, 95% del saldo en reservas corresponde a oro, lo que limita la capacidad de intervención cambiaria. Además, la escasez de divisas derivó en la aparición de un mercado paralelo en 2023, donde la cotización del dólar supera en más de 100% la tasa oficial.
Este escenario de reservas agotadas, subsidios insostenibles y presión cambiaria ha derivado en una inflación promedio de 17.5% en lo que va del 2025, con los precios de los alimentos creciendo en alrededor de 30%. El impacto recae con mayor fuerza sobre los hogares de menores ingresos, mientras el espacio fiscal para medidas de alivio es cada vez más limitado.
Hacia adelante, el FMI plantea que solo un programa integral de ajuste fiscal y liberalización monetaria permitiría a Bolivia recuperar gradualmente el crecimiento y moderar las presiones inflacionarias hacia 2030. Sin dichas reformas, el país enfrentará un prolongado periodo de bajo dinamismo económico, y vulnerabilidad macroeconómica y social.
Este análisis fue presentado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en el seminario virtual “Lecciones del modelo boliviano”, que contó con la participación de Diego Macera, director del IPE, y Luis Carlos Jemio, exministro de Hacienda de Bolivia. Durante su intervención, Jemio advirtió que Bolivia enfrenta hoy un escenario marcado por la escasez, tras el fin del periodo de bonanza de los hidrocarburos. La falta de divisas ha limitado la capacidad de importar productos esenciales como combustibles y medicamentos, lo que presiona al alza los precios y alimenta la preocupación por el costo de vida. A este panorama se suma la persistente informalidad: más del 80% de los trabajadores se desempeña en condiciones informales, en un contexto de continua caída de la inversión privada. El gran reto, señaló, es generar más empleo formal.
En el plano electoral, Jemio destacó que las encuestas sitúan a las dos fuerzas políticas con mayor intención de voto (Doria Medina y Quiroga) en una línea favorable a la economía de mercado. Esto anticipa que las próximas autoridades podrían impulsar un cambio profundo en la política económica, con un ajuste inevitable para estabilizar el país en los próximos años y enrumbarlo a un mayor desarrollo. No obstante, advirtió que, tras el ajuste, se requerirán medidas compensatorias para mitigar su impacto social. Si bien alcanzar la estabilidad económica es posible, el desafío de largo plazo seguirá siendo recuperar un crecimiento alto y sostenido.
Jemio concluyó su intervención indicando que el país de referencia para Bolivia debiera ser el Perú en términos de un manejo macroeconómico impecable y una apertura comercial importante. Además, recomendó al Perú a mantener ese modelo de desarrollo y evitar creer que el modelo boliviano es una referencia porque claramente no lo es.
