El sector de infraestructura en Perú se encuentra ante un momento decisivo.

La nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas y proyectos en activos (APP), podría entrar finalmente en vigencia de aprobarse el dictamen de insistencia, marcando un hito en la promoción de proyectos de infraestructura y servicios estratégicos en el país. La norma busca agilizar la ejecución de proyectos conjuntos entre el Estado y el sector privado, incorporando mecanismos de gobernanza más claros y eficientes, y fortaleciendo el rol de ProInversión como coordinador central de estas iniciativas.

Victor Miranda, consultor del estudio Dentons y experto en derecho público, explica que “estamos frente a un cambio significativo en la regulación de APP. La ley busca acortar los plazos promedio de desarrollo de proyectos, dar mayor claridad a la participación de ProInversión y definir roles específicos para cada actor del sistema. Esto permitirá incentivar la inversión privada y, con ello, buscar reducir la brecha de infraestructura en el Perú.”

El nuevo rol de ProInversión

Si bien el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada – SNPIP sigue siendo el Ministerio de Economía y Finanzas, Miranda observa que Proinversión comienza a tomar un rol mucho más importante en el SNPIP, dado que pasará a asumir el rol de entidad pública de proyectos, al mismo nivel que los ministerios y los Gobiernos Regionales y Locales.

De esta forma, Proinversión además de poder formular los proyectos bajo la modalidad de APP y elaborar los estudios técnicos para el Informe de Evaluación, podrá ejercer una nueva e importante función como es el poder suscribir los contratos bajo la modalidad de APP.

“Entendemos que este nuevo rol que asumirá ProInversión en el SNPIP tiene como objetivo aprovechar la experiencia y alto grado de especialización de la mencionada agencia, lo cual tendría como efecto agilizar los procesos de otorgamientos de APP”, señala Miranda.

Es tal la relevancia del nuevo rol de ProInversión contemplado en la autógrafa de ley, que incluso, en aquellos proyectos de APP que sean llevados a cabo por los Gobiernos Regionales y Locales, éstos pueden encargar a dicha agencia la administración del contrato de APP durante la fase de ejecución contractual.

Reducción de plazos y eficiencia

El especialista enfatiza que uno de los objetivos de la ley es acortar los plazos de desarrollo de los proyectos, que tradicionalmente en muchos casos podían superar los 8 años. Con la ley, los proyectos estratégicos podrían completarse en plazos menores (2 o 3 años), siempre que se cumpla con los criterios y principios que regulan al SNPIP. Esto incluye la simplificación de procedimientos administrativos, la optimización de contratos y la reducción de pasos duplicados que históricamente retrasaban los proyectos.

Contratos, adendas y mitigación de riesgos

Otro punto central del análisis de Miranda se refiere a la gestión de contratos y adendas:

• La ley establece procedimientos más claros para la aprobación de adendas, que en el pasado generaban largas disputas legales y retrasos en la ejecución.
• Introduce criterios de evaluación de riesgos, asegurando que los cambios en los contratos no comprometan la estabilidad financiera ni la viabilidad de los proyectos.
• Se contempla que la intervención de diversos actores en los procesos de modificación contractual, como son el MEF, el organismo regulador, la Contraloría de la República, entre otros, se determinará en base si los alcances de dicha adenda contienen aspectos de su competencia. En caso sea negativa la respuesta, la entidad concedente no requerirá a dicha entidad que emita su opinión y, de esa manera, continuará con su trámite.

“Esta nueva forma de plantear el proceso de suscripción de adendas, agilizará su tramitación, sin que ello implique que el Estado asuma más riesgos. Esto resulta crucial puesto que, en muchos casos, es necesario suscribir modificaciones contractuales para permitir adecuar de manera ágil las condiciones del proyecto en provecho del bienestar general”, afirma Miranda.

La norma también fortalece la transparencia y participación del sector privado, con obligaciones de coordinación y publicación de avances, reduciendo riesgos de corrupción y facilitando el seguimiento de cada proyecto.

Prepararse para la entrada en vigencia

Aunque la ley aún requiere promulgación, Miranda subraya la importancia de anticiparse: revisar procesos internos, evaluar proyectos bajo los nuevos criterios y contar con aliados legales especializados que guíen la adaptación a los cambios.

Con la ley pronta a entrar en vigencia, el sector de infraestructura en Perú se encuentra ante un momento decisivo. La combinación de reducción de plazos, mayor transparencia y seguridad jurídica, ofrece un escenario propicio para la inversión, siempre que los actores privados estén preparados y asesorados para navegar los cambios que vienen.