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Exportaciones de pimiento piquillo peruano crecen 10.5% y superan los US$ 20 millones entre enero y abril

Las exportaciones de pimiento piquillo alcanzaron US$ 20.76 millones en el primer cuatrimestre de 2026, con un crecimiento de 10.5% impulsado por la demanda de España, principal destino del producto.

Las exportaciones peruanas de pimiento piquillo en conserva sumaron US$ 20 millones 762 mil entre enero y abril de 2026, lo que representa un crecimiento de 10.5% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron envíos por US$ 18 millones 789 mil, según la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), gremio que agrupa a las principales empresas exportadoras del país. El resultado confirma la consolidación del producto dentro del portafolio agroexportador nacional, especialmente en el segmento de capsicum procesado con valor agregado, en un contexto de demanda internacional estable y continuidad de la oferta peruana durante todo el año.

España concentra la mayor demanda del producto

España concentró el 89% de los envíos con compras por US$ 18 millones 488 mil y un crecimiento de 14.5% respecto al año previo. El pimiento piquillo peruano es utilizado principalmente en la gastronomía y la industria de conservas, donde forma parte de preparaciones como tapas, rellenos, salsas y guarniciones, además de ser valorado por su sabor dulce y textura suave. En menor proporción, también se registraron envíos a Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia y Canadá, aunque sin alcanzar la relevancia del mercado español dentro de esta partida.

La Libertad lidera la producción exportadora

La Libertad se mantuvo como la principal región exportadora de pimiento piquillo en conserva, al concentrar envíos por US$ 20 millones 201 mil, equivalente al 97% del total y con un crecimiento de 26%. Este desempeño responde a su rol como principal zona productora y procesadora de capsicum destinado a exportación, con una cadena agroindustrial consolidada que abastece de forma constante al mercado externo. En menor medida participaron Piura y Arequipa, aunque con una participación marginal dentro del total nacional.

Pimiento piquillo se mantiene como segundo en el segmento capsicum

El pimiento piquillo en conserva se ubicó como la segunda partida más importante dentro del grupo capsicum, solo por detrás de la páprika seca sin triturar ni pulverizar. Su posicionamiento se sustenta en la demanda de productos procesados con mayor valor agregado y en la diversificación de la oferta agroexportadora peruana. El segmento capsicum también incluye productos como ají amarillo, ají jalapeño y pimiento morrón, consolidándose como uno de los más dinámicos dentro del comercio agroexportador.

ADEX impulsa encuentro empresarial del sector

La Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) realizará el ‘III Encuentro Empresarial de Capsicum’ los días 2 y 3 de julio en Chiclayo, Lambayeque, con el objetivo de fortalecer la articulación entre productores, exportadores y compradores internacionales del sector agroindustrial. El evento incluirá conferencias técnicas sobre tendencias del mercado, consumo internacional y logística de exportación, además de una rueda de negocios orientada a generar nuevos acuerdos comerciales y oportunidades de expansión para los productos peruanos.

Doe Run acuerda pagar US$ 150 millones por caso de intoxicación por plomo en La Oroya tras años de litigio

El acuerdo beneficiará a 1,373 peruanos que alegaron exposición a plomo en la fundición metalúrgica de La Oroya, en un proceso judicial que se extendió por casi dos décadas.

La minera estadounidense Doe Run acordó el pago de 150 millones de dólares a favor de 1,373 ciudadanos peruanos, como parte de la resolución de un extenso litigio en el que los demandantes alegaban haber estado expuestos durante su niñez a intoxicación por plomo en las cercanías de una fundición metalúrgica operada por una subsidiaria de la compañía en el Perú.

El acuerdo fue confirmado por la propia empresa mediante un comunicado, mientras que el bufete Schlichter Bogard, que representó a los demandantes, precisó que el caso se cerró luego de casi 19 años de proceso judicial en Estados Unidos, en lo que fue descrito como uno de los litigios transnacionales más prolongados vinculados a responsabilidad por daños tóxicos.

Un caso judicial de casi dos décadas por contaminación en La Oroya

La demanda fue presentada inicialmente en 2007 en un tribunal estatal de Missouri en representación de 17 menores de edad, pero posteriormente fue consolidada en un tribunal federal e incorporó múltiples casos adicionales, hasta superar los 1,000 demandantes y finalmente alcanzar a 1,373 personas afectadas.

Los abogados señalaron que los demandantes alegaron que la subsidiaria de Doe Run no redujo adecuadamente las emisiones de plomo en el complejo metalúrgico ubicado en La Oroya, en la región andina de Junín, una zona situada a más de 3,700 metros de altitud. Según el expediente del caso, esta situación habría generado daños permanentes en la salud de los afectados.

El proceso judicial estaba próximo a iniciar su fase de juicio cuando ambas partes llegaron al acuerdo económico que puso fin al litigio.

Argumentos de las partes sobre el origen de la contaminación

El bufete de los demandantes sostuvo que el acuerdo refleja la responsabilidad de las empresas que operan a nivel global y el vínculo entre decisiones corporativas y flujos de ganancias en Estados Unidos. En esa línea, destacaron la importancia de que las compañías asuman las consecuencias de sus operaciones en el extranjero.

Por su parte, Doe Run señaló que la fundición de La Oroya ya presentaba niveles elevados de contaminación antes de su participación, atribuyendo parte del problema a décadas de operaciones previas bajo administración estatal y privada en el Perú. La empresa añadió que, pese a no coincidir con las acusaciones, decidió cerrar el caso para concentrarse en sus operaciones actuales.

La Oroya, entre litigios internacionales y condenas ambientales

La ciudad de La Oroya ha sido históricamente señalada por altos niveles de contaminación vinculados a la actividad metalúrgica. En 2006 fue catalogada entre las ciudades más contaminadas del mundo debido a la presencia de metales pesados en el aire, el agua y el suelo.

En paralelo al litigio en Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2024 la responsabilidad del Estado peruano por vulneraciones al derecho a un ambiente sano en perjuicio de 80 residentes de la zona, ordenando medidas de remediación ambiental y atención médica para los afectados.

Sin embargo, de acuerdo con organizaciones de derechos ambientales, dichas obligaciones aún no han sido cumplidas en su totalidad, lo que mantiene abierto el debate sobre la remediación del daño ambiental en la zona.

Proyecto ferroviario busca reactivar el Tren Trasandino entre Mendoza y Chile con túnel de 54 km en la Cordillera

La iniciativa plantea una inversión de US$ 9.600 millones para recuperar la conexión ferroviaria entre Argentina y Chile tras más de 40 años, con impacto en comercio y logística regional.

Después de más de cuatro décadas sin una conexión ferroviaria activa entre Mendoza y Chile, un nuevo proyecto vuelve a instalar la posibilidad de reactivar el histórico Ferrocarril Trasandino, considerado uno de los pasos más estratégicos de la Cordillera de los Andes. La iniciativa plantea recuperar una ruta clave para el transporte de carga y pasajeros, con impacto directo en el comercio regional y en la salida de la producción argentina hacia el Pacífico.

El plan contempla el desarrollo de una nueva conexión ferroviaria entre la provincia de Mendoza y la región chilena de Valparaíso, en una ruta diseñada para fortalecer el intercambio comercial entre ambos países y mejorar la integración logística del Cono Sur. El proyecto es impulsado por un consorcio internacional integrado por capitales de Chile y Singapur, con una inversión estimada en US$ 9.600 millones.

Un túnel de 54 kilómetros bajo la Cordillera como eje central del proyecto

El componente principal de la propuesta es la construcción de un túnel ferroviario de 54 kilómetros bajo la Cordillera de los Andes, que conectaría la zona de Uspallata, en Argentina, con el sector de Los Andes, en Chile. Esta infraestructura busca resolver uno de los principales problemas del corredor actual: los cierres frecuentes del Paso Cristo Redentor debido a temporales de nieve y condiciones climáticas extremas.

Con este trazado subterráneo, el proyecto plantea una operación más estable durante todo el año, reduciendo la dependencia de las condiciones de alta montaña y mejorando la continuidad del flujo logístico entre ambos países. Además, se prevé que la obra permita una mayor eficiencia en tiempos de transporte frente a las rutas terrestres tradicionales.

Un corredor bioceánico con impacto en comercio y logística regional

El Ferrocarril Trasandino ha sido concebido como un sistema de transporte mixto para carga pesada y pasajeros, con potencial para convertirse en un corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Su desarrollo busca facilitar la salida de la producción argentina hacia los puertos chilenos, desde donde se proyecta un acceso más eficiente a mercados internacionales, especialmente en Asia.

El proyecto también se vincula con la integración de cadenas productivas estratégicas, incluida la actividad energética asociada a Vaca Muerta, aunque su ejecución dependerá de estudios técnicos, evaluaciones ambientales, permisos regulatorios y acuerdos binacionales entre Argentina y Chile. En esa línea, la iniciativa aún se encuentra en etapa de análisis, pero su reaparición en la agenda regional vuelve a poner en debate el potencial logístico de la Cordillera como eje de conexión interoceánica.

Sunat pone en operación escáneres de alta tecnología en el Puerto de Chancay para reforzar control aduanero

Los equipos de rayos X permitirán inspección no intrusiva de contenedores, reducción de tiempos logísticos y mayor seguridad en la cadena de comercio exterior.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puso en operación dos escáneres de contenedores de alta tecnología en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, en el marco de su proceso de modernización y fortalecimiento del control aduanero.

Las unidades fueron donadas por la Embajada de Estados Unidos y tienen como objetivo agilizar el comercio lícito, reforzar la seguridad de la cadena logística y contribuir a la competitividad del comercio exterior peruano.

Tecnología permitirá inspección no intrusiva de contenedores

Con la implementación de estos equipos, la Sunat podrá optimizar la inspección de mercancías sin necesidad de abrir físicamente los contenedores, lo que permitirá reducir tiempos operativos, costos logísticos y mejorar la trazabilidad de la carga.

Los escáneres corresponden a equipos de rayos X de alta energía diseñados para la inspección en tiempo real, capaces de identificar densidades, estructuras internas y posibles irregularidades en los cargamentos, facilitando la detección de mercancías ilícitas o mal declaradas.

Según la entidad, esta tecnología fortalece la capacidad de control sin afectar la fluidez del comercio exterior.

Modernización aduanera se extiende a otros puntos estratégicos

La implementación en Chancay complementa la infraestructura tecnológica ya instalada por la Sunat en otros puntos estratégicos del país, como la frontera terrestre en Tacna y los terminales portuarios del Callao y Paita.

El jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo, destacó que estos equipos representan un avance significativo en la modernización de la administración aduanera, al permitir mayor eficiencia en la revisión de mercancías.

Chancay moviliza más de 425 mil contenedores

Desde el inicio de sus operaciones, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay ha movilizado 425.427 contenedores. El régimen de transbordo representa el 47% del total (200.046 contenedores), seguido por importación con 32% (137.647 contenedores) y exportación con 21% (87.743 contenedores).

En términos de comercio exterior, el valor de las importaciones asciende a USD 2.323 millones, con mayor participación de vehículos, maquinaria, cereales y equipos eléctricos. Los principales países de origen son China (75%), Argentina (10%) y Estados Unidos (4%).

Por su parte, las exportaciones suman USD 1.343 millones, destacando productos como paltas, minerales metálicos, aceite de palma y uvas, con China, Países Bajos, España y Chile como principales destinos.

En el caso del transbordo, predominan mercancías como salmón, madera de pino y metales, en rutas que conectan principalmente China, Perú y Chile.

Impacto en recaudación y carga movilizada

En cuanto a carga suelta, se han movilizado 3.517.819 toneladas, de las cuales el 71% corresponde a importaciones para consumo, principalmente maíz y cemento. Este segmento representa el 27,5% del movimiento total del puerto.

En términos de recaudación, las importaciones por el puerto de Chancay generaron alrededor de USD 277 millones en 2025, mientras que entre enero y mayo de 2026 se han registrado aproximadamente USD 161 millones.

Tensión entre China y Panamá en la OEA por disputa de concesión de puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo judicial

El intercambio entre el representante chino y el canciller panameño durante la Asamblea General de la OEA expuso diferencias sobre seguridad jurídica, inversión y separación de poderes.

Lo que comenzó como un diálogo protocolar entre observadores permanentes y jefes de delegación durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, terminó convirtiéndose en uno de los intercambios diplomáticos más tensos de la jornada.

El protagonista fue el representante permanente de China ante la OEA, Xie Feng, quien utilizó su intervención para cuestionar la actuación del Estado panameño en la disputa vinculada a los puertos de Balboa y Cristóbal, anteriormente operados por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

La respuesta llegó de inmediato por parte del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, quien defendió la independencia de los órganos del Estado y reiteró que Panamá es una democracia con separación de poderes claramente establecidos.

Fallo judicial reactivó controversia por concesión portuaria

La controversia tiene como origen el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en enero de este año, el cual declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar las terminales de Balboa y Cristóbal.

Esta decisión abrió un proceso de transición administrativa y la posterior contratación temporal de nuevos operadores, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones portuarias en ambas terminales estratégicas ubicadas en el Canal de Panamá.

Durante su intervención ante los países miembros de la OEA, Xie Feng afirmó que la decisión panameña envía una señal negativa para la inversión extranjera y cuestionó la estabilidad de las reglas para los inversionistas internacionales.

“Si los principios pueden ser ignorados, los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento, ¿quién va a confiar en invertir y buscar colaboración?”, señaló el diplomático chino, quien además pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los intereses de las empresas de su país.

Respuesta de Panamá: defensa de la institucionalidad y la justicia

El canciller Javier Martínez-Acha respondió directamente en la misma sesión, señalando que el Ejecutivo panameño no tiene facultades para intervenir en decisiones del Poder Judicial.

“Le hablo como canciller de mi país y no como presidente de la sala”, expresó al iniciar su intervención, marcando distancia institucional frente a los cuestionamientos.

Martínez-Acha defendió el sistema político panameño y subrayó la diferencia con el modelo chino. “Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó.

Asimismo, recordó que el fallo sobre la concesión portuaria fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo está obligado a acatarlo. Según indicó, representantes chinos habrían solicitado en varias ocasiones la intervención del gobierno panameño para revertir la decisión, algo que calificó como incompatible con el orden institucional.

“El fallo fue claro: la renovación de la concesión no cumplió con los requisitos de mi país”, añadió.

Tensión también por controles a buques panameños en China

El canciller panameño también aprovechó su intervención para responder a cuestionamientos sobre la seguridad jurídica, señalando que el proceso judicial no fue impulsado por una sola administración, sino que se originó en gobiernos anteriores y fue resuelto por magistrados de distintas gestiones.

Además, se refirió a las inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos, las cuales han generado preocupación en el gobierno de Panamá.

“Sí, ustedes tienen la soberanía en sus puertos de hacer inspecciones y detenciones, pero esas acciones no se registran en la misma magnitud en países como Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas”, señaló.

Relación bilateral en medio de un cruce diplomático

La disputa se centra en una de las concesiones portuarias más importantes de Panamá. Panama Ports Company operó los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997, ubicados estratégicamente en las entradas del Canal de Panamá en el Pacífico y el Atlántico.

Tras el fallo judicial, el Gobierno panameño adjudicó contratos temporales para asegurar la continuidad operativa mientras se define un esquema definitivo de administración.

Martínez-Acha, sin embargo, evitó cerrar la puerta al diálogo con China y reafirmó la importancia de la relación bilateral.

“Nosotros valoramos la relación con China. Si existen diferencias, le invito a hablar sobre ellas”, señaló.

OEA como escenario de un conflicto con impacto regional

El episodio dejó en evidencia que la controversia por los puertos de Balboa y Cristóbal ha trascendido el ámbito estrictamente jurídico y comercial, convirtiéndose en un tema de política exterior con repercusiones diplomáticas.

El intercambio en la OEA reflejó cómo una disputa por una concesión portuaria estratégica puede escalar a un foro multilateral, en medio de un debate más amplio sobre inversión extranjera, soberanía, seguridad jurídica y relaciones entre América Latina y China.