En el Perú, más del 60 % del presupuesto público se destina a gasto corriente, mientras que la inversión apenas llega al 5 % del PBI. Revertir esta rigidez y racionalizar la burocracia es clave para cerrar brechas en infraestructura, educación y salud, y acelerar el desarrollo.
El diseño del presupuesto público constituye una de las expresiones más claras de las prioridades de un Estado. En el caso peruano, los últimos diez años muestran un patrón consistente: predominio del gasto corriente frente a un espacio reducido para la inversión pública. Esta situación refleja no solo un sesgo estructural hacia el sostenimiento de la burocracia, las planillas y las transferencias, sino también una oportunidad desaprovechada para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud.
Este artículo analiza la evolución del presupuesto peruano entre 2016 y 2025, con énfasis en la relación entre gasto corriente e inversión. Se integran datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y estudios académicos, además de comparaciones internacionales. El objetivo es destacar por qué la transformación del presupuesto estatal no es solo deseable, sino un imperativo, si se busca acelerar la inversión pública y cerrar las brechas estructurales que limitan la competitividad del país.
- El predominio del gasto corriente
De acuerdo con cifras oficiales, el gasto corriente se mantiene en torno al 20–21 % del PBI, mientras que la inversión pública apenas alcanza el 4–5 % del PBI (Ministerio de Economía y Finanzas, 2025a). En el presupuesto proyectado para 2025, el Gobierno Nacional destina S/ 100 161 millones a gasto corriente frente a S/ 32 893 millones en gasto de capital.
En los gobiernos regionales, la proporción es aún más marcada: 38 621 millones en gasto corriente versus 15 474 millones en inversión. A nivel local, el escenario es más equilibrado, con 18 581 millones en gasto corriente frente a 18 506 millones en capital (Gobierno PUCP, 2025). Esta composición confirma un sesgo estructural que restringe la capacidad del Estado para financiar proyectos de desarrollo de largo plazo.
- Inversión pública y niveles de ejecución
Los desafíos no se limitan a la asignación, sino también a la ejecución. En 2023, la inversión pública ejecutada alcanzó S/ 50 219 millones, lo que representó un crecimiento del 8,8 % respecto a 2022. Sin embargo, la capacidad de ejecución varió por nivel de gobierno:
- Gobierno Nacional: 91 %
- Gobiernos Regionales: 79 %
- Gobiernos Locales: 67,8 % (ComexPerú, 2024).
La disparidad evidencia limitaciones en la gestión subnacional, donde persisten problemas de planificación, capacidad técnica y eficiencia administrativa.
- Impacto histórico y coyuntural
Entre 2007 y 2021, el gasto público total creció en promedio un 10,3 % anual, con predominio del gasto corriente. La inversión pública mostró un crecimiento más moderado (6,7 %) y sufrió una contracción del 48,3 % en 2021 por efectos de la pandemia (Moreno Domínguez, 2022). El choque del Covid-19 puso en evidencia la falta de flexibilidad fiscal para responder con inversión contracíclica, un elemento clave para la resiliencia macroeconómica.
- Comparación internacional
Al compararse con América Latina y la OCDE, el Perú exhibe un rezago estructural. Mientras países como Chile y Colombia destinan alrededor del 20 % de su gasto público total a inversión, el Perú se mantiene entre 12 y 15 % (Banco Mundial, 2024). En la OCDE, el promedio de inversión pública supera el 20 %.
El wage bill peruano —remuneraciones del sector público— ronda el 40 % del presupuesto total, un nivel alto respecto a otros países de la región. Esta rigidez presupuestal limita la capacidad de reasignar recursos hacia sectores estratégicos.
- Sector privado como espejo comparativo
La estructura financiera del sector privado peruano ofrece un contraste revelador. Empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima muestran ratios de CAPEX/ventas de entre 8 y 12 %, con mayor intensidad en minería y construcción, y menores en retail y banca (SMV, 2024). El Estado, en cambio, mantiene una relación inversión/PIB de apenas 5 %, insuficiente frente a las demandas de infraestructura, innovación y servicios básicos.
- Escenarios de reasignación
Una reasignación gradual de 1–2 puntos porcentuales del presupuesto desde gasto corriente hacia inversión permitiría liberar entre S/ 8 000 y 16 000 millones anuales para educación, salud e infraestructura. Las medidas clave para viabilizar esta transformación incluyen:
- Racionalización de entidades y programas superpuestos.
- Digitalización e interoperabilidad de procesos administrativos.
- Compras públicas centralizadas y más transparentes.
- Contratos por desempeño y presupuestos por resultados.
- El imperativo de racionalizar la burocracia estatal y el aparato legislativo
La sostenibilidad de las finanzas públicas peruanas no solo depende de la magnitud de los ingresos o del nivel de inversión, sino también de la eficiencia en el uso de los recursos. El gasto corriente está fuertemente influenciado por el tamaño de la burocracia estatal. De acuerdo con el MEF (2025b), las remuneraciones representan cerca del 40 % del presupuesto total, cifra que, en términos comparativos, resulta elevada frente a países de la OCDE donde la media bordea el 25 %.
En este contexto, una opción de política pública es la reducción y racionalización del aparato estatal. Esto incluye la fusión de ministerios con funciones duplicadas, la eliminación de organismos que no aportan valor agregado, y la implementación de tecnologías digitales para disminuir costos administrativos.
Asimismo, el aparato legislativo peruano constituye otro foco de debate. El Congreso —que en 2023 representó aproximadamente el 0,6 % del presupuesto público en su propio gasto— no solo demanda recursos significativos, sino que también proyecta una imagen de sobrerrepresentación, especialmente tras la aprobación de la bicameralidad (Congreso y Senado). Una reducción en el número de parlamentarios y en los beneficios asociados podría contribuir a liberar fondos para inversión, además de enviar un mensaje político de austeridad y eficiencia institucional (OCDE, 2023).
La literatura internacional muestra que reformas de este tipo pueden tener impactos positivos. Casos como Chile y Uruguay, que han mantenido estructuras legislativas más compactas y modernizado su administración pública mediante digitalización, evidencian que la reducción de burocracia no implica debilitar al Estado, sino hacerlo más eficiente y orientado al ciudadano (Banco Mundial, 2024).
En consecuencia, la transformación del presupuesto debe ir acompañada de una reforma institucional que reduzca costos estructurales innecesarios. Solo así será posible redirigir recursos hacia inversión en infraestructura, salud y educación, que son los verdaderos motores de desarrollo.
- Conclusiones
La evidencia demuestra que el Perú arrastra un patrón fiscal donde el gasto corriente domina la asignación presupuestal, limitando la inversión pública. Esta realidad contrasta con estándares latinoamericanos y de la OCDE, y se agrava por problemas de ejecución subnacional.
De ahí que transformar el presupuesto no sea una opción, sino un imperativo. Esta transformación debe incluir tanto una revisión de prioridades presupuestales como una racionalización de la burocracia y del aparato legislativo, de manera que el Estado pueda destinar más recursos a inversión en infraestructura, capital humano y digitalización.
Un Estado más eficiente, con menor gasto superfluo y mayor capacidad inversora, será condición indispensable para acelerar la productividad, mejorar la competitividad y garantizar un desarrollo sostenible en el Perú.
