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Diversidad generacional en la minería: cuando cuatro generaciones construyen un mismo futuro

Por Mariangel Molina, Strategic People Business Partner Chile & Perú

En un contexto de transformación acelerada, la industria minera enfrenta desafíos cada vez más complejos: mayor eficiencia operativa, transición energética, exigencias socioambientales más altas, una relación más cercana y transparente con las comunidades y una evolución digital sin precedentes. Afrontarlos con éxito no depende únicamente de la tecnología o la inversión, sino, cada vez más, de las personas y de la diversidad del talento que conforma las organizaciones.

Hoy, por primera vez, conviven activamente hasta cuatro generaciones en los equipos de trabajo: baby boomers, generación X, millennials (Y) y generación Z. Esta diversidad generacional no es una tendencia pasajera, sino una oportunidad estratégica para el sector minero, tradicionalmente percibido como conservador, pero que requiere innovar, adaptarse y evolucionar con rapidez.

Cada generación aporta experiencias y miradas complementarias. Mientras los perfiles con mayor trayectoria contribuyen con conocimiento técnico, criterio y visión de largo plazo, los más jóvenes incorporan nuevas formas de trabajo, dominio digital nativo y una mayor movilización transformadora frente a temas como sostenibilidad, inclusión y propósito. Cuando estas perspectivas se integran de manera consciente, se forja una cultura pujante, creativa y resiliente.

Para lograrlo, debemos estar conscientes de que la convivencia entre distintas generaciones también plantea retos relevantes. Las diferentes maneras de liderar, comunicarse, aprender o incorporar nuevas tecnologías pueden generar fricciones si no se abordan desde una gestión consciente y abierta a la diversidad de enfoques. En minería, donde la seguridad, la estandarización de procesos y la continuidad operativa son críticas, estas brechas pueden profundizarse si no existe una cultura organizacional basada en el respeto, la escucha activa y la colaboración.

Aquí es donde la diversidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una práctica concreta. Promover la diversidad generacional implica reconocer que no hay una única forma correcta de aportar valor y que todas las voces deben tener las mismas oportunidades de desarrollo, aprendizaje y crecimiento. No se trata de privilegiar a una generación sobre otra, sino de crear entornos donde el talento y las mismas múltiples generaciones se potencien mutuamente desde la complementariedad y la empatía.

Para el sector minero, promover una diversidad real de miradas implica revisar prácticas históricas de liderazgo y gestión del talento. Programas que fomenten el intercambio de conocimiento entre generaciones, equipos con perfiles diversos y procesos de desarrollo centrados en habilidades, y no en la edad, resultan clave para fortalecer organizaciones más adaptables y sostenibles.

Asimismo, fomentar una cultura de permanente comunicación y retroalimentación bidireccional sincera fortalece la confianza y reduce las brechas generacionales.

La igualdad de oportunidades cumple un rol central. Garantizar acceso equitativo a capacitación, proyectos estratégicos y posiciones de liderazgo, sin distinción de edad, género, cultura o trayectoria, es esencial para construir equipos sostenibles, atraer nuevos perfiles y potenciar el talento existente en la industria.

Mirando hacia el futuro, la minería necesita equipos capaces de integrar experiencia y renovación, rigor técnico e innovación, conocimiento del territorio y visión global. La diversidad generacional no solo enriquece la toma de decisiones, sino que fortalece la capacidad del sector para adaptarse a los cambios y responder de manera responsable a las expectativas de la sociedad.

Ripley Perú reconfigura su liderazgo: designa nuevo gerente general en su división de tiendas

La compañía fortalece su estructura ejecutiva con un nuevo gerente general para su división de tiendas, en un contexto de transformación del retail y mayor competencia en el mercado peruano.

La cadena de retail Ripley Perú anunció un cambio clave en su estructura organizacional con la designación de un nuevo gerente general para su división de tiendas, una de las unidades más relevantes de su operación en el país.

De acuerdo a la informado por Perú Retail, Raúl Marcenaro Rouillon asumirá la gerencia general de Retail en Perú. El ejecutivo acumula más de 20 años de trayectoria en empresas multinacionales, liderando operaciones, expansión y consolidación de marcas en sectores como retail, consumo masivo y telecomunicaciones.

Enfoque en crecimiento y eficiencia

Desde la compañía destacan que este cambio busca impulsar la eficiencia operativa, optimizar la experiencia del cliente y fortalecer la propuesta de valor en sus tiendas físicas, que continúan siendo un canal estratégico dentro del ecosistema omnicanal.

El nuevo liderazgo tendrá como principales retos consolidar el crecimiento de ventas, mejorar la rentabilidad y acelerar la integración entre canales físicos y digitales.

Retail en proceso de transformación

El movimiento se da en un contexto en el que el sector retail en el Perú viene atravesando un proceso de ajuste y transformación, con consumidores más exigentes, mayor competencia y una fuerte presión por innovar en formatos, logística y experiencia de compra.

En este escenario, las empresas están apostando por renovar sus equipos directivos para responder con mayor agilidad a las nuevas dinámicas del mercado.

Estrategia para consolidar su posicionamiento

Con este cambio, Ripley Perú busca fortalecer su posicionamiento en el país y avanzar en su estrategia de crecimiento sostenible, alineando su estructura organizacional con los desafíos actuales del sector.

Inversión de más de €430 millones impulsará modernización aeroportuaria en el sur del Perú

El grupo Andino Global destinará más de 430 millones de euros para ampliar y modernizar cinco aeropuertos, en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo y demanda regional.

La empresa Andino Global anunció una inversión superior a 430 millones de euros en el Perú, a través de su filial Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), con el objetivo de modernizar y ampliar cinco terminales ubicados en el sur del país.

El plan busca mejorar la capacidad operativa, optimizar la experiencia de los pasajeros y reforzar los estándares de seguridad en las infraestructuras aeroportuarias bajo su gestión.

Obras clave en terminales estratégicos

Entre las principales intervenciones destacan la construcción de una nueva pista de aterrizaje y la ampliación del terminal en Juliaca, así como la duplicación de la capacidad del aeropuerto de Arequipa.

Asimismo, se ejecutarán mejoras en los aeropuertos de Puerto Maldonado, Tacna y Ayacucho, incluyendo nuevos cercos perimetrales y adecuaciones operativas en todas las instalaciones.

Demanda aérea supera proyecciones

El proyecto responde al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en la región sur del país. Según la compañía, la demanda ha superado las previsiones iniciales del contrato de concesión, pasando de 2,4 millones de pasajeros proyectados a más de 5 millones estimados para 2026.

Solo en 2025, los aeropuertos administrados por AAP movilizaron más de 4,6 millones de pasajeros, lo que representa un incremento interanual del 12%.

Impacto en conectividad y desarrollo regional

Esta inversión forma parte de la estrategia de expansión de Andino Global en Latinoamérica, orientada a consolidar proyectos de infraestructura clave que impulsen la conectividad aérea, el turismo y el desarrollo económico regional.

Además, el proyecto se sustenta en una adenda al contrato de concesión con el Estado peruano, lo que permite viabilizar las obras y garantizar su ejecución en el mediano plazo.

MEF descarta ampliar presupuesto para gratificaciones y CTS de trabajadores CAS en 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas ratificó que no se asignarán recursos adicionales para cubrir beneficios laborales de trabajadores CAS, en medio del debate sobre sostenibilidad fiscal y gasto público.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que no otorgará presupuesto adicional para financiar el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo el régimen CAS durante el 2026.

La medida responde a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y evitar presiones adicionales sobre las cuentas públicas, en un contexto donde el gasto estatal enfrenta crecientes demandas.

Impacto en el régimen CAS

El régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) agrupa a miles de trabajadores del sector público que, en los últimos años, han venido reclamando la equiparación de beneficios laborales respecto a otros regímenes.

Sin embargo, desde el Ejecutivo se ha señalado que cualquier mejora en estos beneficios debe estar acompañada de una fuente de financiamiento sostenible, lo que limita la posibilidad de otorgar incrementos inmediatos sin comprometer la estabilidad fiscal.

Sostenibilidad fiscal como prioridad

La postura del MEF se enmarca en una política de prudencia fiscal, priorizando el control del déficit y la sostenibilidad de las finanzas públicas frente a nuevas obligaciones permanentes.

Especialistas advierten que ampliar beneficios laborales sin respaldo presupuestal podría generar un efecto dominó en el gasto público, afectando la capacidad del Estado para cumplir otras obligaciones.

Tensión entre derechos laborales y presupuesto

La decisión reaviva el debate sobre la situación de los trabajadores CAS, quienes buscan mejores condiciones laborales, frente a las limitaciones fiscales del Estado.

En este escenario, el reto del gobierno será encontrar un equilibrio entre atender estas demandas y preservar la estabilidad macroeconómica, clave para mantener la confianza de inversionistas y organismos internacionales.

SUNAT establece nuevas condiciones para uso del crédito fiscal del IGV en servicios del exterior desde julio de 2026

La resolución establece además un control secuencial obligatorio, declaración, pago y registro, cuya omisión podría impedir el uso del crédito fiscal en operaciones con no domiciliados.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) establece nuevas condiciones para el uso del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) en operaciones con proveedores no domiciliados, en una medida que impactará directamente en la operatividad de las empresas desde el 1 de julio de 2026.

El cambio se da en un contexto en el que las importaciones de bienes y servicios en el Perú han mostrado una dinámica creciente en los últimos años. De acuerdo al BCRP, solo en 2021, este rubro registró un incremento de 18,6%, reflejando una mayor dependencia de servicios del exterior en la actividad empresarial.

Mediante la Resolución N.° 000047-2026/SUNAT, la entidad introduce un cambio de fondo: el acceso al crédito fiscal ya no dependerá únicamente del pago del impuesto, sino también del cumplimiento previo de una declaración informativa obligatoria que permita vincular ese pago con la operación que lo origina.

En la práctica, este ajuste responde a una limitación del sistema actual, donde mecanismos como los formularios 1662 o 1663 permitían cumplir con el pago del IGV sin una conexión directa con la operación o el comprobante respectivo. Esta falta de trazabilidad dificulta su validación y registro en el Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE), generando contingencias para los contribuyentes.

Con la nueva norma, la SUNAT implementa un “Módulo de información de comprobantes de pago no domiciliados” en SUNAT Operaciones en Línea, a través del cual las empresas deberán registrar previamente información clave de cada operación antes de efectuar el pago del impuesto, asegurando así su trazabilidad.

Para Nicole Alzamora, abogada tributarista en VAG Global, el impacto será transversal en las organizaciones. “Estamos frente a una medida que no solo afecta el cumplimiento tributario, sino la forma en que las empresas gestionan sus operaciones con el exterior. Mientras mayor sea el volumen de servicios importados, mayor será la exposición a errores que pueden afectar el uso del crédito fiscal”, explica.

La resolución establece además un control secuencial obligatorio, declaración, pago y registro, cuya omisión podría impedir el uso del crédito fiscal en operaciones con no domiciliados. Asimismo, restringe la posibilidad de modificar información una vez efectuado el pago, lo que eleva la exigencia en la calidad del registro inicial.

Alzamora advierte que este cambio tendrá efectos directos en la gestión financiera. “No se trata solo de un tema formal. Si el crédito fiscal no se puede utilizar oportunamente, el impacto se traslada a la caja de la empresa. Por eso, el foco estará en anticipar y ordenar los procesos, más que en corregirlos después”, señala.

Si bien la norma entra en vigencia en julio de 2026, también será aplicable a pagos realizados desde esa fecha, incluso si corresponden a periodos anteriores, lo que amplía su alcance y obliga a revisar procesos ya en curso.

En conjunto, la medida refuerza el enfoque de la SUNAT hacia una mayor integración y control de la información tributaria, en un contexto donde las operaciones con el exterior siguen ganando peso en la economía peruana.