HINO, la marca de camiones y buses de Toyota del Perú, anunció que este año ampliará su portafolio de productos con mayor valor agregado y sumará dos nuevos productos financieros. Bryan Palomino, Gerente de HINO, destacó que con estas iniciativas buscan fortalecer su presencia en el mercado y contribuir al dinamismo del sector. 

A través de Mitsui Auto Finance (MAF), HINO presentará dos innovadores productos financieros. El «Plan MYPE 72», diseñado específicamente para el sector emprendedor, ofrecerá cuotas de financiamiento extendidas hasta 72 meses con mensualidades accesibles. Además, el «Plan Agrícola» permitirá a los clientes acceder a cuotas flexibles, adaptándose a la periodicidad de sus ingresos, con plazos de hasta 48 meses. 

«Estamos comprometidos en ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades cambiantes de nuestros clientes, brindando oportunidades accesibles y flexibles para diversos sectores empresariales», destacó Bryan Palomino en relación a estas nuevas opciones financieras. La alianza con MAF se basa en un enfoque integral de transformación, diversificación y digitalización, con el objetivo de ofrecer alternativas y soluciones para las diversas necesidades de los clientes. 

Los nuevos productos financieros de HINO estarán disponibles para el público en el primer semestre del año. La marca de camiones y buses de Toyota del Perú reafirma su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento y el éxito de sus clientes. 

Además de estas novedades, HINO expandirá la herramienta tecnológica de telemetría llamado HINO Connect, la cual busca maximizar los negocios de los clientes, minimizando los costos de operación.

Además, HINO mantiene activos sus programas actuales como: Hino Value, que ofrece un plan de mantenimiento prepagado para los propietarios de vehículos HINO, Hino Life, que brinda opciones de leasing financiero a través de MAF, Ecodrive que busca capacitar a los operadores logrando minimizar el consumo de combustible y evitando el desgaste prematuro de los componentes.  

Con esta nueva colaboración, los usuarios de Entra Verified ID tendrán acceso a tecnología avanzada para la autenticación biométrica y la verificación de documentos.

IDEMIA Public Security, el proveedor premium de soluciones biométricas, anunció hoy que ha sido reconocido como socio de Microsoft Entra Verified ID para su incorporación y validación de manera remota. Esta nueva colaboración ampliará las capacidades de Microsoft Entra Verified ID para ayudar tanto a las organizaciones como a los empleados a beneficiarse de una experiencia perfecta utilizando la tecnología de verificación biométrica y de documentos de IDEMIA. Esta colaboración estratégica amplía la relación entre ambas compañías.

El proceso de verificación de identidad se lleva a cabo mediante la captura de los datos biométricos del usuario y sus respectivos documentos a través de los smartphones de los usuarios, lo que da como resultado, una identidad más confiable la cual proporciona a las organizaciones la seguridad necesaria para validar la información de sus colaboradores.

“Estamos orgullosos y emocionados de fortalecer y ampliar nuestra colaboración con Microsoft, Esta alianza reunirá las soluciones de identidad avanzadas de IDEMIA y su larga experiencia en la industria con la capacidad Entra Verified ID de Microsoft. Esto garantizará que tanto las organizaciones como los empleados tengan acceso a identidades de usuarios confiables. Esta colaboración permite a los usuarios autenticarse de forma fácil, accesible y segura y con una experiencia totalmente digital durante el proceso de incorporación remota y cuando quieran acceder a sistemas y servicios”, declaró Ea Chaillioux, vicepresidenta de Alianzas Estratégicas de IDEMIA Public Security.

Esta novedad dentro del servicio, le permite a los usuarios corroborar su identidad y utilizar la credencial creada por la aplicación Microsoft Authenticator para identificar en múltiples contextos, la incorporación de empleados, clientes y socios, el acceso seguro a datos de alto valor, registro y recuperación de cuentas de forma autónoma.

De acuerdo con Ankur Patel, jefe de Producto Entra Verified ID de Microsoft. “Face Check de Entra Verified ID compara la imagen facial de un usuario en tiempo real con una imagen firmada y confiable incrustada en una credencial digital que posee el usuario en función de su identificación emitida por el gobierno (por ejemplo, la licencia de conducir) o credenciales emitidas por un empleador. Nos complace asociarnos con IDEMIA como uno de los principales proveedores de verificación de identidad, para que las organizaciones puedan garantizar que solo la persona correcta tenga acceso a las aplicaciones y dispositivos«.

Esta alianza estratégica surge como respuesta directa a la creciente demanda de soluciones de identificación digital que sean tanto seguras como accesibles, y cuyo objetivo es garantizar que las organizaciones y colaboradores puedan integrarse y operar con confianza y seguridad en el espacio digital de hoy en día.

• La meta de las entidades públicas para el 2024 es adjudicar, por lo menos, 52 proyectos y/o inversiones de Obras por Impuestos, por más de S/ 1,100 millones.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) informó que, en lo que va de 2024 (al 19 de febrero), las entidades públicas (los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas) han adjudicado seis (6) proyectos e inversiones mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), por un monto superior a S/ 125 millones.

Este importante avance supone un fuerte repunte en términos de adjudicación de Obras por Impuestos, en comparación con el mismo periodo del 2023, pues para el año pasado en estas fechas, las recientes autoridades regionales y locales habían iniciado sus periodos de gestión con la evaluación y priorización de sus carteras de inversión.

“El avance de las adjudicaciones de Obras por Impuestos en 2024 es un signo de confianza de la empresa privada en este mecanismo y en las entidades púbicas. Nuestra expectativa es que más entidades y empresas financistas se sumen al uso del mecanismo que permite proveer infraestructura y servicios de calidad a la población, y en menor tiempo comparado con la obra pública tradicional”, resaltó la directora de Inversiones Descentralizadas de PROINVERSIÓN, Denisse Miralles.

Entre los proyectos adjudicado, en lo que va de 2024 (ver tabla en el Anexo ), destacan los proyectos “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la IE 40029 Ludwing van Beethoven”, en el distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, con un compromiso de inversión superior a S/ 36.9 millones; el proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en interconexión vial que une los distritos de Grocio Prado, Pueblo Nuevo y el distrito de Chincha Alta de la provincia de Chincha, departamento de Ica, con una inversión de S/ 39.4 millones.

También resalta la adjudicación del proyecto Mejoramiento de los servicios de extensión universitaria y formación profesional de las escuelas de Administración y Agronomía en la sede Pedregal de la U.N.S.A., en el distrito de Majes, provincia Caylloma (Arequipa), con un monto de inversión de S/ 23. 4 millones; y el último proyecto adjudicado (el 16 de febrero): Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de la municipalidad distrital de Cayma, provincia y departamento de Arequipa, con una inversión estimada de S/ 27.7 millones.

META 2024

La perspectiva de adjudicación de proyectos de Obras por Impuestos para el presente año es auspiciosa. La meta de las entidades públicas es adjudicar, por lo menos, 52 proyectos y/o inversiones de Obras por Impuestos por más de S/ 1,100 millones, una cifra que representa el doble del monto adjudicado en 2023. Sin embargo; esta cifra total del 2024 también podría incrementarse hasta casi cuadruplicarse, si este año se concreta la buena pro del proyecto Hospital Victor Ramos Guardia de Huaraz (S/ 1,000 millones).

En la lista de cartera 2024 destacan también los proyectos Agua Potable y Alcantarillado Pucusana (S/ 275.8 millones) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el proyecto protección de Riveras del Rio Pichari (S/ 62.9 millones) de la Municipalidad Distrital de Pichari (Cusco); la inversión en Equipo de Comunicaciones de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) del MTC (S/ 42.8 millones); y el proyecto I.E. José Carlos Mariátegui (S/ 29.1 millones) del Gobierno Regional de Arequipa.

Cabe mencionar que en el mecanismo de Obras por Impuestos PROINVERSIÓN brinda asesoría y asistencia técnica gratuita a las entidades públicas, y los articula con las empresas privadas interesadas en financiar estos proyectos. Los procesos de selección y la adjudicación de estos proyectos están a cargo de las propias entidades públicas titulares de los proyectos.

Por Adolfo Silva Walbaum, Profesor Derecho PUCV & Co founder de Contraloría Privada y Alex Siles Loaiza, Founder & CEO Snap Compliance.

La reciente entrada en vigencia de la de la Ley Núm. 21.595, también denominada como Ley de Delitos Económicos, ha traído diversos desafíos e interrogantes, algunos dogmáticos entorno a la naturaleza y alcance de los delitos y penas establecidos en esta novedosa normativa, y otros en cambio, más empíricos o prácticos, ligados a la manera en que esta  puede ser implementada en la práctica, tanto por las personas jurídicas en general, como en particular para los directivos, altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento, quienes nadan al acecho de las mejores prácticas y más eficientes soluciones a objeto de poder cumplir oportuna y cabalmente la serie de exigencias establecidas en la ley, en materia de determinación de responsabilidades, asignación de roles y/o aplicación de uno u otro delito al giro particular de cada sujeto obligado, entre otros.

Con todo, existe un desafío que parece evidente y primordial tal como lo es la correcta determinación primero, y gestión después, dentro de las respectivas organizaciones, de cientos de hipótesis delictivas que puedan llegar a afectar a la persona jurídica.

En este último punto es que la cuestión se puede volver especialmente compleja ya que una cosa es administrar o gestionar un universo de dos e incluso tres decenas de delitos, y otra muy diferente es buscar soluciones para uno ampliado de más de doscientos delitos bajo un contexto de riesgo agravado, esto es, de situaciones que bajo la actual normativa ahora sí podrán ser considerados como hechos delictivos.

De ahí, entonces, la importancia de poder dotar a las empresas de herramientas útiles que le permitan cumplir de manera fácil y eficiente con dicho cometido, tal como lo es la unión sinérgica de la tecnología y el derecho (tech&law).

Efectivamente la aplicación de tecnología al ejercicio de la profesión (legal tech), abre espacios y brinda alternativas de solución que no solamente permiten  agregar valor a las organizaciones, sino que en los hechos, les puede permitir contar con una gestión legal (legal management) ad- hoc para los tiempos que corren, dejando de lado, las naturales limitaciones envueltas en el uso de herramientas, más básicas y  evidentes,  como lo pueden ser Excel e incluso Word si pensamos  que todavía existe un número considerable de colegas “reacios a la tecnología”, en plena época de desarrollo de la  transformación digital.

Así quienes se restan,  terminan perdiendo una serie de oportunidades y ventajas prácticas que conlleva la utilización de tecnologías en la gestión de riesgos legales, y las cuales pueden ir desde la posibilidad de contar con trazabilidad y certeza para las diferentes operaciones, la existencia de métricas y/o workflow para los diferentes procesos, hasta las oportunidades y luces que pueden otorgar un adecuado uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, a partir del análisis de data valiosa obtenida a partir de actos de gestión con efectos y sanciones jurídicas.

En el caso concreto del compliance o cumplimiento normativo, y de manera general bajo la denominada gestión de riesgos legales, la utilización de la nube o cloud, es también una apuesta que sin duda agrega valor, no solamente ya que permite generar un trabajo colaborativo más eficaz y transparente, sino que además porque facilita la labor de fiscalización que les corresponda efectuar a las diferentes autoridades, según cuál sea el tipo de riesgos legal que se encuentre asociados, esto es, delitos económicos, UAF, medio ambiental, regulatorio, etcétera.

De ahí que esta unión entre tecnología y derecho (tech&law), se transforma en un buen ejemplo para desmitificar el pánico colectivo- que a un grupo importante de abogados- les genera el uso de inteligencia artificial generativa, desde el momento que se transforma en una herramienta que apoya pero que no sustituye el criterio experto del respectivo abogado, el cual vendría siendo como su propia sana crítica, esto es una mezcla entre su experiencia y sus conocimientos como abogados,  al momento de poder determinar el mejor curso de acción para el control, mitigación y en el mejor de los casos eliminación de los respectivos riesgos.

En definitiva, la experiencia pareciera que nos está demostrando que el hacer y ejercer la profesión de una manera distinta- tal como lo es la aplicación de legal design o el legal project management-más que problemas lo que trae, en la práctica- son respuestas eficaces a problemas cotidianos que difícilmente se podrían llegar a obtener, en base a criterios y fórmulas tradicionales o artesanales como quiera llamársele, en base al criterio o en su caso descriterio de un ser humano.