El acuerdo aprobado por la Organización Internacional del Trabajo tiene como objetivo establecer un marco internacional de derechos y obligaciones para el trabajo que se realiza con plataformas digitales. Es uno de los pocos convenios que cuenta con un artículo dedicado exclusivamente a la solución de conflictos. Perú y los otros doce países de Sudamérica miembros de la OIT deberán adaptar o crear leyes que cumplan con lo que se remarca en el texto final del acuerdo.

El pasado 12 de junio se aprobó el texto final del primer Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones, el acuerdo busca establecer un marco internacional de derechos y obligaciones para las labores que se realizan a través de las plataformas digitales. Se destaca que contenga un artículo que insta a los Miembros a que se adopte un fácil acceso a los mecanismos de solución de conflictos.

De acuerdo con Carlos Carrión Crespo, Juris Doctor, especialista en mediación laboral y exoficial especialista en Servicios Públicos en la OIT, el convenio reconoce que estas plataformas ofrecen un desarrollo económico y muchas oportunidades de trabajo, pero que también generan problemas con respecto a los derechos laborales o el uso de algoritmos para gestionar a los trabajadores.

“El texto final del convenio aprobado por la OIT señala que, si bien el crecimiento tecnológico ayuda a las economías y genera más empleos, no puede ocurrir a costa de las condiciones laborales dignas de las personas. Por este motivo, busca garantizar los derechos básicos que ya son reconocidos a nivel internacional y los contextualiza a las nuevas tecnologías. En pocas palabras, el convenio se adoptó específicamente para atender todos esos conflictos”, explica el mediador.

¿Cómo afecta la aprobación del convenio al Perú y Sudamérica?

El primer Convenio sobre el Trabajo decente en la Economía de Plataformas deberá ser aplicado por todos los Miembros de la OIT que lo ratifiquen. Es decir, los países sudamericanos deberán adaptar o crear leyes que cumplan con lo que se remarca en el texto final del acuerdo. En el caso peruano, el Gobierno y los sindicatos votaron a favor del convenio, mientras que las empresas votaron en contra. Con su aprobación, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato de Trabajadores de Plataformas Digitales (SINTRAPLADI) han exhortado a todas las autoridades competentes para que se ratifique lo antes posible.

“En América Latina y el Caribe, el 40% de los trabajadores digitales trabajan a tiempo completo, con salarios cercanos al mínimo y sin beneficios sociales, según un estudio de la OIT en 2025. Es importante tener en cuenta que, a excepción de Chile, Colombia y Uruguay, los países sudamericanos no cuentan con regulaciones claras sobre plataformas digitales. Si bien siempre hay debates sobre el tema a través de las autoridades, si no existe una ley, no se puede imponer”, señala Carrión.

Según el Banco Mundial, para el año pasado, más de 47 millones de personas en América Latina trabajaban en el modelo “gig economy”. Para 2022, este tuvo un impacto en la economía peruana equivalente a 5,5 mil millones de soles, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). El modelo presenta a las plataformas como un intermediario entre los trabajadores digitales y consumidores, siendo los ejemplos más significativos las aplicaciones de delivery o taxis. Es decir, sólo actúa como si fuese una parte más del proceso.

“Los conflictos entre el empresariado y los trabajadores son inevitables, pero convenios como éste son pasos importantes para promover los mecanismos de diálogo. Esta norma reconoce que los trabajadores digitales también pueden ser considerados empleados o contratistas dependientes y, por lo tanto, deben disfrutar de sus derechos laborales garantizados por los Convenios de la OIT relevantes. Es aquí donde se necesita lograr un consenso y donde toma importancia la solución de conflictos”, agrega el mediador.

El convenio dedica el artículo 21 exclusivamente a este punto. En él, se indica que los Miembros tendrán que adoptar medidas para asegurarse de que las plataformas digitales y los trabajadores tengan acceso fácil a los mecanismos de solución de conflictos. Estos deben ser seguros, equitativos y eficaces, con vías de recurso y reparación que sean apropiados y efectivos. Este artículo se destaca porque son muy pocos los convenios que abarcan la resolución de conflictos.

“Se vuelve importante que la OIT haya colocado un artículo sobre solución de conflictos y vías de recurso y reparación, porque otorga la posibilidad de que los trabajadores digitales puedan conciliar con las empresas. En muchos casos, pierden sus empleos o reciben penalizaciones y no tienen un medio para reclamar porque no hay un canal o porque la compañía no tiene oficinas locales. Si los gobiernos imponen este mecanismo, los conflictos se podrán mediar fácilmente”, asegura Carrión.

Otro aspecto importante es la libertad sindical, la cual se vuelve una necesidad en el contexto de las plataformas digitales. Sin embargo, también es uno de los derechos más difíciles de ejercer debido a la forma en que se presenta el ambiente laboral, ya que los trabajadores no se reúnen porque no comparten un espacio físico a diario. Incluso, a veces ni siquiera llegan a conocerse.

“El derecho a afiliarse o crear un sindicato está reconocido en el apartado 4 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nadie puede ser discriminado por pertenecer a uno y con este convenio se reivindica este derecho. Además, los sindicatos sirven como un puente entre instituciones públicas o empresas, pero también como un medio de comunicación importante para los trabajadores porque los integra ante las autoridades y aleja de la informalidad”, concluye el experto.