La Unión de Gremios del Perú apoya la iniciativa legislativa que plantea la reforma de pensiones a fin de universalizar el derecho a una pensión digna. Sin embargo, manifiesta su preocupación porque el texto sustitutorio del dictamen que se encuentra en reconsideración en el Congreso de la República dispone que el Poder Ejecutivo realice un estudio y, posteriormente, una propuesta legislativa para incorporar un porcentaje del aporte obligatorio de parte de los empleadores para cada trabajador, lo cual impactaría de forma negativa en el mercado laboral, aumentando la informalidad y el desempleo. Nuestros fundamentos son los siguientes:
- De acuerdo a un estudio del BID, el costo no salarial en el Perú es uno de los más altos de América Latina y asciende a 68% del salario promedio, ya que incluye un conjunto de conceptos a cargo íntegramente del empleador que no existen en los demás países de la región ni a nivel mundial. Aumentar dicho costo impactaría en la capacidad de las empresas para competir local e internacionalmente, con la consecuente pérdida de productividad y de puestos de trabajo formales.
- El empleo informal en el Perú bordea el 71%. Si se incrementan los costos por trabajador, muchas empresas no podrán asumirlos, especialmente las micro y pequeñas que en el Perú representan el 99% del tejido empresarial, por lo que estas se desplazarían hacia la informalidad.
- Debemos considerar que, en relación a la reducción de la informalidad en el Perú, la OCDE ha manifestado que los altos costos no salariales, entre otros, “encarecen los empleos formales y generan un circulo vicioso que perpetua la informalidad y la exclusión”.
- Reiteramos nuestra solicitud para que toda propuesta parlamentaria cuente con un estudio técnico, económico y financiero que analice la capacidad económica del Estado, asi como el impacto que podría tener entre los involucrados, como sucede en esta oportunidad, con la mayor carga que se busca imponer al empleador.
Ante ello, y en aras de cautelar la institucionalidad, cualquier medida del ámbito laboral debe ser analizada y aprobada en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), donde debe primar el diálogo social y el sustento técnico adecuado.
