El país enfrenta una década decisiva para su infraestructura. Sin un plan claro, el riesgo de repetir el caso Olmos crece, pero también surge una oportunidad para movilizar inversión privada sin presionar el presupuesto público.
La próxima década será un punto de quiebre para la infraestructura peruana, con el vencimiento de 28 concesiones que abarcan transporte, electricidad, gas natural y saneamiento. Son contratos que representan compromisos públicos significativos y que podrían generar interrupciones en servicios esenciales si no se gestionan de manera anticipada. Este escenario abre un debate clave sobre la posibilidad de renovar anticipadamente concesiones estratégicas, una medida que permitiría evitar cuellos de botella, asegurar continuidad y movilizar capital privado sin presionar el presupuesto público.
El caso Olmos y los costos de no anticipar
El proyecto Olmos se ha convertido en el ejemplo más evidente de lo que ocurre cuando el vencimiento de una concesión no se planifica con tiempo. Tras la salida del operador privado, la gestión pasó al Proyecto Especial Olmos Tinajones, que enfrenta ahora el costo de financiar la descolmatación del embalse con recursos públicos. Con un presupuesto anual cercano a S slash 290 millones y más del sesenta por ciento destinado a sostener infraestructura existente, el margen para asumir estas labores es mínimo. A esto se suma que ampliar la capacidad de la presa requiere entre 250 y 300 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente sus recursos. La nueva licitación tomará al menos dos años, un retraso que pudo evitarse con una planificación previa.
Una década con veintiocho contratos por vencer
En los próximos diez años vencerá cerca de un tercio de todas las concesiones del país. Cuatro de ellas concentran compromisos públicos por tres mil millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del reto. Sin un marco claro para gestionar las transiciones entre operadores, aumenta el riesgo de interrupciones en sectores críticos para el desarrollo económico y social.
La opción estratégica de renovar anticipadamente
Además del riesgo, este escenario abre una oportunidad. En lugar de esperar el fin del contrato para iniciar una licitación desde cero, el Estado podría evaluar la renovación anticipada de concesiones que resulten estratégicas, a cambio de compromisos adicionales de inversión. Esto permitiría asegurar continuidad operativa, acelerar obras y evitar presiones fiscales en un contexto donde la inversión pública está por debajo de lo recomendado. Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Economía y Finanzas, el país debía invertir alrededor del cuatro por ciento del PBI anual en infraestructura entre 2019 y 2038, pero hoy apenas alcanza el tres coma tres por ciento.
Qué concesiones pueden renovarse
Tres tipos de concesiones pueden beneficiarse de esta estrategia. Primero, aquellas donde se requieren inversiones adelantadas dentro del territorio concesionado. Segundo, las que pueden expandirse para incluir infraestructura que no es rentable licitar de manera separada. Tercero, las que por economías de escala permiten que el operador actual ofrezca mejores condiciones que un nuevo postor. Estas situaciones crean espacios donde la renovación anticipada puede ser más eficiente que volver a licitar.
Reglas claras para evitar arbitrariedades
Para que este mecanismo funcione, debe combinar discrecionalidad con transparencia. Se necesita primero una lista explícita y actualizada de prioridades de inversión pública, con sectores y territorios identificados según su contribución al cierre de brechas. Luego, el reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas debe incorporar criterios técnicos como cobertura, calidad, oportunidad de inversiones, aprovechamiento de capacidades instaladas e impacto fiscal. Es esencial también una guía técnica que estandarice cómo se evalúa una renovación, qué debe demostrar el concesionario y qué debe validar el Estado. Finalmente, la decisión entre relicitar o renovar debe tomarse con una anticipación ideal de cinco años, de modo que exista tiempo suficiente para analizar alternativas, coordinar con el operador y garantizar continuidad del servicio.
Mirada final
La próxima década definirá el rumbo de la infraestructura peruana. Anticiparse a los vencimientos, decidir con criterios técnicos y movilizar inversión privada son pasos fundamentales para evitar nuevos casos como Olmos y para asegurar un desarrollo sostenible alineado con las necesidades del país.
