Aunque representan más del 99% del tejido empresarial, las pequeñas y medianas empresas siguen siendo las principales víctimas de los retrasos en los pagos.
Las pymes peruanas están enfrentando una tormenta silenciosa que amenaza su supervivencia: la morosidad. A pesar de su papel crucial en la economía nacional, con más del 99% de participación en el tejido empresarial, siguen siendo las más afectadas por el incumplimiento de pagos y la falta de herramientas efectivas para gestionar sus cobranzas.
En sectores clave como construcción y comercio, la morosidad ya alcanza tasas preocupantes de 13.4% y 8%, según cifras del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. Sin embargo, más allá de las estadísticas, el impacto se refleja en la vida cotidiana de miles de emprendedores que deben operar con pagos vencidos, escasa liquidez y alta incertidumbre.
“En la práctica, aunque la ley establece un plazo de pago de 30 días, muchas pymes reciben su dinero después de 60, 90 e incluso 120 días, especialmente en sectores como la construcción. El retraso se ha convertido en una norma no escrita, resultado de una relación desequilibrada entre pequeños proveedores y grandes clientes. El temor a perder contratos estratégicos lleva a muchas empresas a normalizar los retrasos, evitando incluso hablar del tema. La cobranza es un tabú en Perú. Está mal vista, como si fuera algo delictivo o riesgoso para la relación comercial” precisó Juan Cordova, Subgerente de Venta B2B de Flujolink.
Las consecuencias son profundas: más de 100,000 pymes cierran cada año en el país, y hasta el 40% de estos cierres están directamente vinculados a problemas de flujo de caja, según estimaciones de la CCL. Otras sobreviven recurriendo a préstamos informales o condiciones financieras abusivas que terminan comprometiendo su futuro.
“Es necesario hablar sobre cómo transformar la cultura de cobranzas, profesionalizar los procesos y aprovechar las herramientas tecnológicas. No se trata solo de cobrar, sino de cobrar bien, a tiempo y sin conflicto. Nuestra misión es romper el círculo vicioso que atrapa a las pymes y convertir la cobranza en una palanca de crecimiento” agregó Cordova.
Además de soluciones tecnológicas, la importancia de un marco legal funcional y accesible. Si bien existen mecanismos como la cobranza judicial o coactiva, son lentos, costosos y poco utilizados. La propuesta de una “Ley de Pronto Pago” al estilo chileno sigue en discusión, pero aún sin avances concretos.
“El Estado debe garantizar reglas claras, sancionar el incumplimiento de pagos y fomentar la digitalización de procesos. Y el sistema financiero tiene una gran oportunidad para ofrecer soluciones de factoring accesibles y justas” precisó Cordova.
Mientras tanto, la realidad de miles de pymes sigue marcada por la incertidumbre. Y aunque la intención normativa existe, su aplicación distorsionada deja a las pequeñas empresas en una lucha desigual. Una lucha que, silenciosamente, continúa cobrando víctimas cada día.
