En entrevista a Revista Economía, la candidata al Senado por el APRA destaca su trayectoria en la lucha contra la corrupción, critica irregularidades en contrataciones estatales y plantea sus prioridades para los primeros 100 días en el Congreso.
Usted es conocida abogada y experta en contrataciones con el Estado. ¿Podría contarnos sobre su trabajo en la Oficina Central de Contrataciones del Estado y los actos de corrupción que detectó?
Bueno, por el Tribunal de Contrataciones del OSCE (hoy OECE), que yo presidí, pasaron muchísimos casos importantes. En algunos no se llegó a ver el fondo del asunto, como en el caso del tren eléctrico, porque según la ley, quien apelaba debía presentar una garantía millonaria; sin esa garantía, el tribunal no podía revisar el fondo del asunto. Sin embargo, decidí remitir la apelación a la Oficina de Control Institucional de la Contraloría General de la República para que ejerciera su control. Lamentablemente, en ese momento, el órgano de control determinó que no tenía ninguna labor que cumplir. Con el paso del tiempo, el caso del tren eléctrico se convirtió en uno de los más emblemáticos dentro de la saga del Club de la Construcción.
Posteriormente, con el gobierno de Ollanta Humala, renuncié a la presidencia del tribunal del OCE porque los puestos más importantes estaban siendo cubiertos por personas cercanas a Nadine Heredia, esposa de Humala, y presuponía que las decisiones serían políticas y no legales. Además, fui despojada de mi cargo en el OSCE, lo que me permitió denunciar abiertamente estas irregularidades en medios de comunicación.
Mi trayectoria contra la corrupción no se limita a ese gobierno. Entre 2007 y 2011, como vocal del tribunal, dejé constancia de mis votos en minoría y pedí intervención de la Contraloría por posibles actos irregulares. Lamentablemente, ni el organismo supervisor, ni la Contraloría ni el Ministerio Público hicieron caso. Desde entonces, la corrupción ha crecido, sobre todo desde 2011 hasta hoy.
Por ejemplo, he detectado nepotismo en contrataciones con el Estado: familiares de funcionarios o vinculados a partidos políticos obtienen beneficios. Hace poco, ciudadanos de La Victoria en Lima me informaron sobre contrataciones cruzadas entre los municipios de San Luis y La Victoria. A nivel central, durante el gobierno de Dina Boluarte, se otorgaban puestos de trabajo a posibles opositores para mantenerlos callados.
¿Y en provincias la situación es similar?
Sí, y en algunos casos, peor. Por ejemplo, no encuentro explicación a que un exgobernador regional como Vladimir Cerrón se haya vuelto millonario tras su paso por la gobernación de Junín. Historias de supuesta austeridad son mentiras para encubrir riquezas mal obtenidas. Esto ocurre en gobiernos regionales, Lima y el gobierno central, usando incluso empresas testaferros para ganar dinero del Estado de manera ilegal e impune.
Hablando de su candidatura, usted va al Senado con el APRA, número tres. ¿Siempre ha pertenecido a este partido?
Sí, siempre he sido aprista. Mis abuelos y padres lo fueron, y yo también lo he sido toda mi vida.
¿Cuáles serían sus tres prioridades en los primeros 100 días como senadora?
Primero, la lucha contra la corrupción, porque no importa cuántos diplomas o leyes tengan los candidatos, si están hipotecados a intereses distintos al bienestar de los peruanos, todo se pierde. La corrupción comienza incluso antes de asumir un cargo público, desde las campañas electorales.
Segundo, la seguridad ciudadana se ve afectada por la corrupción en la Policía Nacional. Algunos policías están infiltrados y cobran cupos, incluso a manos de altos mandos. Por eso es vital combatir la corrupción en todos los niveles.
Tercero, en proposiciones legislativas, propondría que el Contralor General de la República no sea elegido por el presidente de la República, porque eso es ilógico y riesgoso ante casos de corrupción de exmandatarios. Además, como senadora, citaría a los ministros competentes para que informen al Senado por qué continúan contratando con empresas que estafan a proveedores peruanos, como Orocom (empresa colombiana) y China Gezhouba, que han dejado obras paralizadas y deudas impagas a micro comerciantes. También hay empresas inglesas que no cumplen. Esto demuestra que el Perú se ha vuelto terreno propicio para empresas extranjeras que perjudican al país incluso con respaldo diplomático.
En cuanto a la gestión del presidente interino José Jerí, ¿cuál es su opinión?
La presencia de José Jerí es lamentable. No hay gestión pública real; pareciera que solo protege intereses privados. Esto se evidencia, por ejemplo, en reuniones con empresarios que han dejado obras paralizadas. La culpa también recae en el Congreso, que permitió su acceso a la presidencia pese a ser acusado de delitos graves.
Finalmente, ¿qué propone para reactivar la economía y mejorar la educación pública?
La reactivación económica debe empezar pagando a los buenos proveedores del Estado. Por ejemplo, laboratorios peruanos a los que el Ministerio de Economía y Finanzas les debe cerca de 12,000 soles. Si no se paga, las empresas quiebran, se despide personal y se afecta la generación de empleo. También se deben controlar mejor las deudas del Estado, para evitar que los ciudadanos sufran las consecuencias de endeudamientos previos por obras incompletas.
Invito a la ciudadanía a revisar mi hoja de vida, mi trayectoria contra la corrupción y mi compromiso con la educación, salud y empleo. Soy candidata al Senado con el número tres del APRA y los invito a votar por mí.
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