Nueva directiva permitirá a entidades públicas asumir control financiero de proyectos en riesgo y reducir arbitrajes y resoluciones contractuales.
En un escenario donde más de 60.000 obras públicas permanecen paralizadas en el país, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la Directiva N.º 0001-2026-EF/54.01, que habilita la intervención económica en proyectos con dificultades técnicas o financieras, con el objetivo de evitar su paralización y asegurar su culminación.
La norma, denominada “Directiva de intervención económica de la ejecución de la obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción”, establece que la entidad contratante podrá asumir el control del manejo de los recursos del proyecto, ya sea de oficio o a solicitud de parte, cuando existan razones técnicas o económicas que comprometan su correcta ejecución.
El mecanismo busca mejorar la eficiencia del gasto público, reducir riesgos de sobrecostos y asegurar la continuidad de inversiones estratégicas en infraestructura.
Medida apunta a reducir arbitrajes y controversias contractuales
La intervención económica permitirá que gobiernos regionales, municipalidades y demás entidades del Estado asuman temporalmente el control financiero de las obras en ejecución, evitando escenarios como la resolución de contratos o el inicio de arbitrajes.
Según la directiva, la aplicación de la medida deberá estar debidamente sustentada en criterios técnicos y económicos, y seguir los lineamientos establecidos por la Dirección General de Abastecimiento, que regulará el procedimiento específico.
El MEF también recordó que todas las entidades públicas deberán registrar el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación de bienes muebles patrimoniales correspondientes al año 2025 hasta el 16 de marzo de 2026, en cumplimiento de la normativa vigente.
Más de 62.000 obras paralizadas desde 2012
Un análisis del Banco Mundial advierte que entre 2012 y el cierre de 2023 se registraron 62.013 obras paralizadas, equivalentes a aproximadamente el 45% de los 132.000 proyectos de inversión pública en ese periodo. Se trata de iniciativas con ejecución financiera menor al 90% y sin desembolsos durante al menos 18 meses.
En un escenario aún más crítico, 2.850 proyectos presentan avances mínimos, reflejando una parálisis estructural en determinados segmentos de la inversión pública.
Este volumen de obras inconclusas ha retrasado la provisión de infraestructura en sectores clave como transporte, saneamiento, educación y salud, además de generar sobrecostos y afectar la confianza en la gestión pública.
De acuerdo con Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el problema responde principalmente a la falta de articulación entre planificación, presupuesto y ejecución.
Impacto en la gestión fiscal
La nueva directiva representa un intento de corregir fallas estructurales en la ejecución del gasto de inversión, en un contexto donde el cierre de brechas de infraestructura sigue siendo una prioridad fiscal.
Si la medida logra reducir paralizaciones y controversias contractuales, podría contribuir a mejorar la calidad del gasto público y acelerar la entrega de infraestructura, aunque su efectividad dependerá de la capacidad técnica y administrativa de las entidades ejecutoras.
