De cara al próximo año electoral, el Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que el país enfrenta retos clave que marcarán su rumbo económico y social. Entre ellos, destaca la necesidad de fortalecer un entorno favorable para la inversión privada, motor fundamental para impulsar el empleo formal y reducir la pobreza de manera sostenida.
Uno de los mayores focos de alerta es el avance de las economías ilegales, en especial la minería ilegal. El IPE estima que en 2025 el valor del oro ilegal exportado podría igualar por primera vez al de origen legal, con graves impactos: invasión de áreas naturales protegidas como Tambopata, conflictos con la minería formal en regiones como Apurímac y La Libertad, y la afectación de proyectos mineros en cartera por al menos US$12 mil millones, principalmente en Cajamarca y Apurímac.
En paralelo, el IPE subraya que la inversión privada muestra señales de recuperación con un crecimiento estimado de 9,6%, el mayor desde 2013 sin contar el rebote pospandemia, pero advierte que su sostenibilidad dependerá de mayor estabilidad política e institucional. Desde 2016, la alta rotación de autoridades ha debilitado la capacidad del Estado para aprovechar un contexto internacional favorable.
Finalmente, el análisis remarca la urgencia de retomar un manejo fiscal responsable, ante el aumento del gasto rígido, especialmente en remuneraciones, que hoy representa una proporción creciente del presupuesto público. Recuperar la disciplina fiscal y fortalecer la recaudación serán claves para garantizar servicios públicos de calidad.
El desafío es claro: liderazgo político, reglas estables y decisiones económicas responsables para no comprometer el crecimiento de los próximos años.
