El Tribunal Fiscal falló a favor de Las Bambas, Chinalco y Shouxin, reduciendo su carga tributaria pese a evidencias de vínculos directos con el Estado chino.
Las gigantes mineras chinas Las Bambas, Chinalco y Shouxin, operando en suelo peruano, lograron una contundente victoria legal contra la Sunat tras más de seis años de litigio. El Tribunal Fiscal —última instancia administrativa en temas tributarios— falló al menos diez casos entre mayo y julio de 2024, reduciendo el impuesto a la renta de no domiciliados de un 30% a apenas un 4,99%. La decisión supone un multimillonario ahorro para las mineras, con Las Bambas sola ahorrándose más de 660 millones de dólares.
Los fallos, emitidos mientras la presidenta Dina Boluarte realizaba una visita oficial a China, se basan en una premisa sorprendente: que el Estado chino, propietario de las mineras y los bancos prestamistas, no busca obtener ganancias con estas operaciones y, por tanto, no puede ser tratado como una entidad con fines empresariales. Así, el Tribunal argumentó que la norma del 30% diseñada para evitar la elusión fiscal entre empresas vinculadas no es aplicable, ya que «los Estados no buscan maximizar beneficios económicos».
La Sunat, por su parte, había determinado que las empresas estaban efectivamente vinculadas al compartir un mismo propietario —el Estado chino— y que por ello debían tributar la tasa máxima. Presentó documentación que evidenciaba el control estatal sobre las mineras y los bancos, así como la subordinación de todos ellos al Consejo de Estado chino. En su análisis, la Sunat advirtió una estructura de subordinación permanente entre las entidades involucradas, lo que encajaría perfectamente en la lógica de empresas vinculadas según la normativa peruana.
El caso más emblemático fue el de Las Bambas, cuya matriz, China Minmetals Corporation, y sus bancos prestamistas —como el China Development Bank, ICBC y Bank of China— están todos bajo control del Estado chino. Sin embargo, el Tribunal desestimó esa lógica, afirmando que el objetivo de estas entidades es cumplir funciones públicas, no enriquecerse. Esta tesis fue luego replicada en fallos similares que beneficiaron a Chinalco y Shouxin, quienes también recurrieron al mismo esquema de préstamos con bancos estatales chinos.
La reducción tributaria se justifica, según el Tribunal, porque “no es razonable suponer que el Estado actúe en detrimento de su propia recaudación”, y que las operaciones no buscaban evadir impuestos ni generar beneficios para accionistas privados. Esta línea argumentativa ha generado alarma, ya que implica que empresas estatales extranjeras podrían eludir la fiscalización tributaria peruana bajo el argumento de que responden a objetivos públicos, pese a obtener ganancias multimillonarias.
El presidente del Tribunal Fiscal, Edward Tovar Mendoza, fue nombrado por Dina Boluarte y el ministro José Arista en junio de 2024. Uno de los vocales que firmó un fallo clave, Víctor Mejía Ninacondor, también fue nombrado superintendente de la Sunat en 2024, aunque duró apenas cinco meses en el cargo.
Aunque existe la posibilidad de que el Poder Judicial revierta estos fallos, el proceso será largo y el precedente ya está marcado. La puerta queda abierta para que otras empresas estatales extranjeras busquen el mismo tratamiento, debilitando así la capacidad del Estado peruano para proteger su base tributaria frente a estructuras complejas de control internacional.
