Más de 12,500 proyectos públicos no tienen presupuesto para concluirse y los contratos Gobierno a Gobierno triplicaron su valor inicial, un escenario que eleva el riesgo fiscal y obliga a replantear el modelo de inversión.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, calificó como una “emergencia nacional” la situación de la inversión pública en el Perú, al revelar que miles de obras iniciadas carecen de financiamiento para su culminación. Pese a que la economía cerraría el 2025 con un crecimiento estimado de 3.4 % del PBI y niveles sólidos de reservas internacionales, el frente fiscal enfrenta una presión estructural que compromete la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura.
Según detalló la titular del MEF, actualmente existen 12,575 obras en ejecución que no cuentan con el presupuesto asegurado para terminarse, lo que genera una brecha de S/ 21,000 millones. Este problema, sostuvo, es consecuencia directa de haber quebrado reglas básicas de disciplina presupuestal en gestiones anteriores.
Obras iniciadas sin financiamiento completo
Miralles cuestionó la práctica de aprobar proyectos sin garantizar el 100 % de los recursos necesarios. “Nunca se ha debido romper esa regla de que no se lanza un proyecto si no tiene ese 100 % del presupuesto asegurado”, afirmó, al señalar que se volvió recurrente iniciar obras con asignaciones simbólicas para luego trasladar la presión financiera al Ejecutivo.
La mayor parte de estos proyectos, unos 9,740, corresponden a gobiernos locales, lo que evidencia una fragmentación del gasto público orientada a responder demandas políticas de corto plazo. Sectores clave como transporte, salud, saneamiento y educación figuran entre los más afectados por esta atomización del presupuesto.
Sobrecostos en proyectos Gobierno a Gobierno
Otro foco de alerta para el MEF es el fuerte incremento de los costos en los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. La cartera G2G, que inicialmente se estimó en S/ 41,000 millones, hoy alcanza los S/ 104,818 millones, cerca del 9 % del PBI.
Miralles citó como ejemplo el programa de Colegios Bicentenario. “El costo de cada escuela inicialmente nació con S/ 37 millones y hemos terminado pagando S/ 84 millones”, señaló. Además, advirtió que varias infraestructuras se entregaron sin asegurar recursos para su operación y mantenimiento, un aspecto clave para que la inversión cumpla su finalidad.
Frente a las presiones por mayores desembolsos, la ministra remarcó los límites fiscales. “Una ley no crea dinero. Si no se ha realizado el análisis previo de dónde va a ser financiada, no podemos garantizar que sea una ley efectiva”, sostuvo.
APP como eje del nuevo enfoque
Para enfrentar este escenario, el Ejecutivo plantea un proceso de desburocratización, mayor orden en las reglas de inversión y una apuesta decidida por las Asociaciones Público Privadas. Miralles fue enfática al señalar que proyectos de gran escala, como la Carretera Central, con un costo estimado entre S/ 24,000 y S/ 30,000 millones, no son viables bajo el esquema de obra pública tradicional.
“No hay proyecto en la historia del país de esa magnitud que se haya hecho financiado con obra pública”, afirmó, defendiendo que las APP permiten asegurar calidad, sostenibilidad y servicios adecuados durante toda la vida útil de la infraestructura.
Finalmente, la ministra anunció que en las próximas semanas se presentarán medidas urgentes para priorizar proyectos en continuidad y profesionalizar el seguimiento de la inversión pública, con el objetivo de elevar la competitividad y llevar el crecimiento económico a niveles de 5 % o 6 % en el mediano plazo.
