En entrevista con Revista Economía, Tomás Reto López, economista del Consejo Privado de Competitividad, analiza por qué el déficit fiscal difícilmente alcanzará el objetivo oficial, los riesgos de un año electoral, las fallas estructurales del Estado y las reformas clave que el país necesita para recuperar competitividad y sostenibilidad económica.
¿Qué tan realista es la meta del déficit fiscal de 1,8% para el 2026, considerando el actual contexto político y electoral del país?
Desde el Consejo Privado de Competitividad lo vemos poco realista, y no somos los únicos. El Banco Central de Reserva, en sus últimas proyecciones, tampoco espera que el déficit fiscal llegue a 1.8%. Además, nosotros realizamos una encuesta periódica a economistas influyentes del país y el consenso es que en 2026 el déficit fiscal estaría alrededor de 2.5%, bastante por encima de la meta oficial. La principal razón es el crecimiento desmedido del gasto público, especialmente en remuneraciones. El déficit fiscal es una ecuación entre ingresos y gastos, y si el gasto sigue creciendo al ritmo actual, la meta simplemente no se va a cumplir.
¿Cuáles son los principales riesgos que podrían desviar aún más esa trayectoria fiscal, sobre todo frente a las presiones populistas propias de un año electoral?
El principal riesgo es la continua aprobación de leyes con impacto fiscal adverso por parte del Congreso. El Consejo Fiscal ya había advertido que, durante el actual periodo presidencial, se aprobaron cerca de 200 leyes con impacto negativo en las finanzas públicas. Lo preocupante es que esta dinámica continúa. Recientemente, el Consejo Fiscal informó que el Congreso envió 28 autógrafas de ley con impacto fiscal negativo, todas promulgadas por el Ejecutivo sin observaciones. No hay freno, no hay observaciones ni acciones ante el Tribunal Constitucional. En un contexto electoral, esta relación Congreso Ejecutivo se vuelve aún más riesgosa.
Pasando a la inversión pública, históricamente los niveles de ejecución descentralizada han sido bajos. ¿Cuáles son los cuellos de botella más críticos que enfrentan los gobiernos regionales y locales?
Hay varios factores, pero uno central es la deficiente capacidad de planificación y organización. Los gobiernos subnacionales suelen manejar carteras muy grandes de proyectos y no mantienen continuidad en su ejecución. Proyectos iniciados un año se descontinúan al siguiente, se les quita presupuesto y se reemplazan por nuevos proyectos, lo que genera paralizaciones, sobrecostos y retrasos. A esto se suman problemas de recursos humanos, debilidad técnica y, en algunos casos, corrupción. Todo esto termina afectando gravemente la ejecución presupuestal.
¿Cómo se podría mejorar esa capacidad técnica y la calidad de la ejecución en los gobiernos subnacionales?
Desde el Consejo siempre hemos planteado que el gobierno nacional, a través del MEF, debe priorizar la asignación de recursos hacia aquellos gobiernos subnacionales que demuestran buen desempeño. No todos son malos. Existen municipalidades y gobiernos regionales que ejecutan bien sus proyectos y tienen capacidad técnica. El MEF cuenta con indicadores claros para identificar estas islas de buen desempeño. A esos gobiernos hay que premiarlos con mayor presupuesto para cerrar brechas de infraestructura de manera efectiva.
Si tuviera que priorizar tres reformas estructurales que generen resultados en el mediano plazo, ¿cuáles serían y por qué?
El principal problema del país es la ineficiencia del Estado. Se gasta mucho, pero no se logran resultados. La pobreza no cae, la educación no mejora y la inseguridad empeora. La primera reforma debe ser el control del gasto en planilla y del gasto corriente, incorporando meritocracia en los aumentos salariales. La segunda es reformar la inversión pública, migrando hacia modalidades que realmente cierren brechas, como las asociaciones público privadas y las obras por impuestos. La tercera reforma es política, fortalecer el equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, porque la inestabilidad actual debilita la capacidad de gestión económica del país.
¿Cómo evalúa el impacto de la informalidad en la capacidad del Estado para cumplir sus metas fiscales?
El impacto es enorme. La informalidad supera el 70% y reduce significativamente la base tributaria. Las empresas y trabajadores informales no pagan impuestos ni aportan al sistema. El problema es de incentivos, formalizarse implica asumir costos laborales y tributarios muy altos para muchas empresas. Esto estanca los ingresos fiscales y agrava el problema del déficit.
Más allá de la minería, ¿qué sectores deberían priorizarse por su potencial de crecimiento y generación de empleo formal?
La agricultura es clave, especialmente si se impulsa una transición hacia la agroindustria, como ya ocurrió en la costa. La construcción también es fundamental, porque el país tiene enormes brechas de infraestructura. Y finalmente, el sector servicios, que concentra una gran cantidad de actividades económicas y tiene un alto potencial de generación de empleo formal.
En el caso de la minería, ¿qué reformas urgentes se requieren para destrabar proyectos?
El problema no es la carga tributaria, es la burocracia, la falta de predictibilidad y la inseguridad. Los permisos ambientales demoran demasiado y la minería formal enfrenta amenazas de la minería ilegal. Si un inversionista compara Perú con otros países como Chile, encuentra las mismas condiciones geológicas, pero menos trabas y más seguridad. Eso hace que el capital se vaya. Además, no se está avanzando seriamente en combatir la minería ilegal.
Finalmente, ¿en qué está trabajando el Consejo Privado de Competitividad de cara al 2026?
Estamos impulsando varios temas clave. Uno es la reforma de las asociaciones público privadas, donde ya se logró reducir los plazos hasta la firma de contratos. Ahora trabajamos en asegurar que las obras se inicien oportunamente. Otro eje central es la educación. Ya tenemos un diagnóstico claro de por qué no se logran resultados y estamos empujando una agenda basada en meritocracia para mejorar el rendimiento educativo.
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