En una entrevista exclusiva para Revista Economía, el precandidato presidencial Juan Carlos Sánchez Montes de Oca advierte que la inseguridad ciudadana es hoy la principal amenaza para el país. Propone enfrentarla con firmeza desde el Ejecutivo, reorganizar territorialmente el Estado, consultar al pueblo sobre medidas extremas como la pena de muerte y recuperar el interés de los jóvenes por la política.
Si finalmente termina siendo el candidato del APRA ¿cuál sería la propuesta central con la que buscaría el respaldo ciudadano?
El principal problema que hoy aqueja al país es la inseguridad ciudadana. Seis peruanos mueren diariamente víctimas de la violencia. Eso no solo refleja una crisis en seguridad, sino también en el Estado. Si no resolvemos este problema, no hay posibilidad de desarrollo ni de inversión. Por eso, mi propuesta central como precandidato es enfrentar decididamente la delincuencia. Esto no se soluciona solo con leyes, sino con liderazgo, estrategia y voluntad política para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.
¿Qué medidas específicas propone para enfrentar la delincuencia?
El primer paso es ejercer un liderazgo firme desde el Ejecutivo. Hoy las instituciones están desarticuladas: la Policía captura a los delincuentes, pero los fiscales los sueltan y los jueces los absuelven. Necesitamos una verdadera articulación entre los tres poderes del Estado. El ejemplo de El Salvador es muy ilustrativo: Bukele logró frenar la ola de violencia sin necesidad de aplicar la pena de muerte, simplemente liderando con decisión y haciendo que las instituciones funcionen en conjunto. Nosotros también podemos hacerlo si asumimos el control del Estado con firmeza y sin complejos.
¿Qué propone para evitar que los delincuentes salgan rápidamente en libertad?
Parte del problema está en que las leyes son permisivas y muchas veces confusas. Hay normas que fomentan la impunidad, incluso en el ámbito político. Se ha aprobado, por ejemplo, una ley que permite que los familiares de los funcionarios contraten con el Estado, lo que equivale a legalizar la corrupción. Para enfrentar la delincuencia de manera real, se necesita un marco legal claro, coherente y aplicado con firmeza. Si el sistema judicial no responde, el Ejecutivo debe promover reformas que obliguen a que todos trabajen por el mismo objetivo: proteger a la ciudadanía.
No ha descartado proponer la pena de muerte. ¿Eso es parte de su propuesta?
Personalmente, no soy partidario de la pena de muerte. Pero tampoco podemos ser indiferentes ante el nivel de violencia que sufrimos. Si la situación continúa deteriorándose y el pueblo lo exige, propongo que se consulte directamente a la ciudadanía a través de un referéndum. No podemos seguir actuando desde un escritorio, desconectados de la realidad. Si el pueblo decide que esa es la salida, habría que respetarlo. Esa es la esencia de la democracia: dejar que la voluntad ciudadana se exprese y se haga valer.
Además de seguridad, ¿qué otras prioridades incluyen en su propuesta?
Salud y educación, sin duda. Pero el problema no está en la falta de presupuesto, sino en la manera en que se administra. El Perú tiene recursos, pero también un Estado desorganizado y lento. Lo que propongo es una profunda reforma del aparato estatal, para que funcione con eficiencia, agilidad y resultados. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Hoy tenemos demasiada burocracia, procedimientos innecesarios y una desconexión total entre los distintos niveles de gobierno. Eso debe cambiar si queremos avanzar como país.
¿Cómo plantea modernizar el Estado?
Lo primero es reorganizar las unidades ejecutoras. Actualmente hay más de 2,500, lo cual genera una fragmentación absurda del presupuesto. Queremos reducirlas a un número funcional, y centralizar la ejecución en instancias más grandes y efectivas. También proponemos reorganizar territorialmente el país. En lugar de 25 gobiernos regionales, estableceríamos cuatro macroregiones: costa, sierra, selva y mar. Esta última serviría para dinamizar los puertos, proteger nuestros recursos marítimos y convertir al Perú en una potencia logística regional. Todos estos gobiernos formarían parte del Ejecutivo, para asegurar la ejecución eficiente de políticas y obras de gran envergadura.
¿En qué se basa esa propuesta de reorganización territorial?
Nos basamos en la estructura de las cuencas hidrográficas, como lo hace la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La idea es conformar 14 gobernaciones principales y 77 subgobernaciones. Las primeras estarían representadas en el Senado y las segundas en la Cámara de Diputados, dentro de un modelo bicameral. Esto permitiría tener un Estado más ordenado, capaz de ejecutar grandes proyectos como el tren de la costa, la conexión bioceánica con Brasil o grandes represas, sin depender de préstamos internacionales. Necesitamos una nueva estructura que responda a las verdaderas necesidades del país y no al clientelismo político.
¿Esa estructura sería permanente o transitoria?
Sería transitoria, con una duración de diez años. En ese periodo podríamos ejecutar las grandes obras que el país necesita, reorganizar el aparato estatal y modernizar los servicios públicos. Luego de ese plazo, podríamos evaluar su efectividad y decidir si mantenemos el modelo o regresamos a una estructura descentralizada. Lo cierto es que hoy con más de 1,800 municipalidades y 3,000 centros poblados aspirando a ser distritos, el Estado es ingobernable. Necesitamos un modelo que funcione, aunque sea por un tiempo, para sacar adelante al país.
Entrevista completa en el siguiente enlace:
