Doce estados demandan al expresidente por abusar de una ley de emergencia para justificar aranceles.
La disputa legal sobre el alcance del poder presidencial en política económica ha escalado a un nuevo nivel. Doce estados de EE.UU. han presentado una demanda contra Donald Trump por el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que habría servido de base para imponer fuertes aranceles sin una amenaza real a la seguridad nacional.
La acción judicial, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional, busca anular los aranceles impuestos por Trump el pasado 2 de abril, y apunta a sentar un precedente legal que limite el uso presidencial de esta ley en el ámbito comercial. Los estados demandantes —entre ellos Nueva York, Illinois y Colorado— afirman que las tarifas de hasta 50% sobre productos de países con déficits comerciales elevados han dañado seriamente sus economías.
Promulgada en 1977, la IEEPA fue pensada para enfrentar amenazas geopolíticas excepcionales, como ciberataques o conflictos con naciones hostiles, no como una herramienta de proteccionismo económico. Según el analista Francesco Tucci, Trump forzó una interpretación de esta norma para justificar una guerra comercial, especialmente contra China, Canadá y México.
El caso tiene altas probabilidades de llegar a la Corte Suprema. A pesar de contar con mayoría conservadora y tres jueces designados por Trump, los magistrados podrían fallar en su contra, dado el carácter vitalicio e independiente del cargo. El resultado podría modificar la arquitectura legal del poder económico presidencial, justo cuando Trump busca volver a la Casa Blanca en 2024 con un discurso de “recuperación del poder comercial estadounidense”.
Además del impacto jurídico, el caso ha abierto grietas dentro del Partido Republicano. Legisladores y empresarios critican el efecto de las tarifas sobre precios, inflación y competitividad, especialmente en sectores como tecnología, agricultura e importación de bienes esenciales.
Si el fallo fuera adverso a Trump, sus efectos podrían ser devastadores para su doctrina económica y su campaña electoral. La decisión —esperada en los próximos meses— no solo determinará la legalidad de los aranceles, sino también los límites de los poderes presidenciales en materia comercial.
