La suspensión del cobro de peajes desde inicios de noviembre ha generado un deterioro acelerado en la infraestructura concesionada, mientras la empresa evalúa su salida anticipada ante un escenario financiero insostenible.
Un conflicto judicial que redefine el escenario vial
La concesionaria Rutas de Lima (RDL) abrió la posibilidad de entregar anticipadamente la concesión que administra, luego de más de dos semanas sin cobrar peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra. La medida se originó por una resolución judicial vigente desde el 5 de noviembre, la cual mantiene paralizado el cobro y ha reducido los ingresos de la empresa a niveles mínimos.
Según la concesionaria, el deterioro financiero se intensifica desde el 11 de noviembre, fecha en la que alertó que sus reservas operativas se consumen a un ritmo acelerado, lo que compromete la continuidad de los servicios y la seguridad en los tramos concesionados.
Una operación que entra en zona crítica
Sin la restitución del cobro en un plazo de tres semanas, RDL prevé que sus operaciones entren en colapso económico y, con ello, la imposibilidad de mantener la infraestructura vial. Aunque la compañía presentó una apelación para revertir la sentencia judicial, la suspensión continúa vigente mientras el proceso sigue en trámite.
En paralelo, la empresa comunicó su situación crítica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior. Hasta el momento, no ha recibido una respuesta formal sobre los pasos a seguir.
Advertencias expresadas a la Municipalidad de Lima
El 19 de noviembre, representantes de la empresa expusieron ante la Municipalidad Metropolitana de Lima el deterioro progresivo de la concesión. En esa reunión, plantearon la posibilidad de una transición ordenada en caso de que el escenario no sea revertido. La compañía afirmó que está dispuesta a realizar una transferencia pacífica que mantenga la integridad del servicio para los usuarios.
RDL sostiene que la suspensión del cobro afecta directamente la sostenibilidad del sistema vial y recordó que tanto la empresa como sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a actos u omisiones del Estado que, señalan, han contribuido a la crisis actual.
Riesgos operativos en aumento
Si la empresa se ve obligada a abandonar la operación, los riesgos asociados se elevarían de inmediato. Entre ellos figuran la reducción del mantenimiento preventivo, la disminución de la supervisión en tramos clave y una menor capacidad de respuesta ante incidentes en la vía.
La continuidad de la concesión queda ahora en un punto crítico, mientras se espera la resolución del proceso judicial y una eventual respuesta del Ejecutivo sobre la situación de las vías administradas por la concesionaria.
