Mientras países como Italia y Panamá rompen vínculos con China, el gobierno de Petro decide unirse a su proyecto más ambicioso. ¿Oportunidad o riesgo?
Colombia formalizó su ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la nueva Ruta de la Seda, promovida por China desde 2013. Esta estrategia busca consolidar el liderazgo económico global de Pekín a través de megaproyectos de infraestructura y cooperación multilateral. Más de 150 países han firmado acuerdos de entendimiento, aunque en los últimos años varias naciones han comenzado a retirarse o a reconsiderar su participación.
El giro de Colombia se da en un contexto en que países como Italia y Panamá decidieron dar marcha atrás. Italia, que fue el primer miembro del G7 en adherirse, abandonó la iniciativa en 2023 tras concluir que los beneficios económicos no compensaban los riesgos políticos. Panamá, por su parte, canceló su participación en 2025 bajo el nuevo gobierno de José Raúl Mulino, en una decisión influenciada por su acercamiento con Estados Unidos.
Otras naciones, como Lituania, Letonia, Estonia, Argentina, Uruguay y Chile, también evalúan su permanencia. Las razones van desde la desconfianza sobre las condiciones de los préstamos chinos hasta la presión geopolítica de actores occidentales y la necesidad de diversificar sus alianzas económicas.
Colombia, sin embargo, asegura que su participación es no vinculante y se limitará a evaluar caso por caso los proyectos propuestos. Según la Cancillería, los sectores priorizados incluyen transición energética, agroindustria, salud, tecnología e inteligencia artificial, con posibles beneficios en financiamiento concesionado y cooperación no reembolsable.
El Gobierno afirma que este paso no compromete la soberanía ni los tratados existentes, y que busca atraer inversión hacia regiones históricamente olvidadas. No obstante, las reacciones no se hicieron esperar. David Luna, exsenador, exigió al presidente Petro que revele los detalles del acuerdo. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, alertó sobre el riesgo para la industria nacional ante posibles prácticas comerciales desleales. Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, también expresaron su preocupación por la falta de transparencia y el posible impacto sobre la soberanía económica.
Mientras tanto, Colombia entra en una red estratégica de alcance global justo cuando otros actores comienzan a desandar el mismo camino. La pregunta es si esta apuesta traerá desarrollo o dependencia.
