Un informe presentado por CAPECO, con base en análisis del Banco Mundial, advierte que casi la mitad de las obras iniciadas desde 2012 sigue paralizada, con un impacto equivalente al 17,3 % del PBI.
La eficiencia de la inversión pública volvió al centro del debate económico tras la presentación del Informe Económico de la Construcción, IEC N.° 97, elaborado por la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. El documento, sustentado en un diagnóstico del Banco Mundial, revela que aproximadamente el 45 % de los proyectos de inversión pública iniciados desde 2012 permanece paralizado, lo que representa alrededor del 17,3 % del Producto Bruto Interno.
Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo del gremio, señaló que el problema no es coyuntural sino estructural, y responde a una débil articulación entre planificación, presupuesto y ejecución. Esta desconexión, sostuvo, afecta el cumplimiento de objetivos estratégicos en infraestructura, salud, educación y crecimiento económico, así como las metas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Alta discrecionalidad presupuestal
Uno de los hallazgos más críticos del informe es que cerca del 47 % del gasto real ejecutado cada año no figura en el presupuesto inicial aprobado. Esta situación evidencia una elevada discrecionalidad en las modificaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, lo que dificulta la disciplina fiscal y desalinearía las inversiones respecto de las prioridades nacionales y sectoriales.
Desde la perspectiva del Banco Mundial, esta práctica erosiona la predictibilidad del gasto y debilita la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos con criterios técnicos de largo plazo.
Diseño contractual y competencia restringida
El IEC también identifica problemas en el diseño de los procesos de contratación pública. Durante años, se exigieron garantías financieras elevadas que solo podían cumplir grandes empresas estatales extranjeras respaldadas por sus gobiernos o bancos de origen, lo que redujo la competencia y limitó la participación de constructoras nacionales.
Aunque algunas de estas exigencias han sido corregidas, el informe sostiene que su impacto fue significativo en la concentración de obras y en la exclusión de actores locales. A ello se suman distorsiones normativas que, según CAPECO, generan asimetrías entre empresas nacionales y extranjeras en los procesos de selección.
Entre los ejemplos mencionados, se señala que compañías con un mismo propietario no pueden competir entre sí en el Perú, mientras que empresas públicas de distintos países, aun perteneciendo a un mismo Estado, sí pueden hacerlo. Además, la medición de solvencia financiera no siempre se aplicaría con los mismos criterios a empresas extranjeras.
Presión fiscal y rol del Congreso
El informe también advierte sobre el creciente protagonismo del Congreso en decisiones con impacto presupuestal. Entre 2023 y 2024 se aprobaron iniciativas con un costo anual equivalente al 2,3 % del PBI, mientras que otras propuestas en debate podrían implicar un impacto adicional de hasta 13,4 % del PBI, según el diagnóstico citado.
Para el Banco Mundial, esta dinámica podría tensionar la sostenibilidad fiscal y debilitar el rol rector del Ministerio de Economía y Finanzas en la conducción de la política presupuestaria.
Reformas estructurales y enfoque de ciclo de vida
Frente a este escenario, CAPECO plantea la necesidad de migrar desde un modelo centrado exclusivamente en la contratación de obras hacia uno orientado a la gestión integral de infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la planificación y el diseño hasta la operación y el mantenimiento.
El informe propone fortalecer los mecanismos de control mediante la incorporación de supervisión externa y la digitalización progresiva de procesos, así como ampliar el uso de asociaciones público privadas y extender el modelo de Obras por Impuestos a intervenciones integrales.
Para el sector construcción, la mejora en la eficiencia de la inversión pública no solo es una cuestión de gestión administrativa, sino un factor determinante para la competitividad, la generación de empleo y la sostenibilidad del crecimiento económico en el Perú.
