Inversión privada crece a doble dígito a inicios de 2026: perspectivas y riesgos en año electoral

Tras expandirse 10,1% en 2025, el gasto privado mantiene dinamismo impulsado por minería y consumo, aunque enfrenta incertidumbre política y riesgos externos.

La inversión privada habría iniciado el 2026 con un crecimiento cercano al 10%, manteniendo el impulso registrado en 2025, año en el que avanzó 10,1%, su mayor ritmo desde 2012 sin considerar el rebote postpandemia. En paralelo, el consumo privado creció 3,6%, la tasa más alta desde 2018. Ambos componentes se consolidaron como los principales motores de la economía peruana y de la generación de empleo formal e ingresos reales, en un contexto que el próximo gobierno deberá preservar para sostener la expansión.

Balance 2025: minería y confianza empresarial impulsaron la inversión

El desempeño de la inversión privada en 2025 respondió, en gran medida, al dinamismo de la inversión minera, que habría crecido alrededor de 16%, asociada al inicio de proyectos como Tía María y Zafranal, la construcción de San Gabriel y ampliaciones en Shougang.

A ello se sumó un fuerte avance de la inversión no minera, favorecida por una mejora en la confianza empresarial. Las expectativas empresariales se consolidaron en terreno optimista durante 2025, tras más de cuatro años de pesimismo que se extendieron hasta mediados de 2024. Dentro de este segmento, destacó la recuperación de la inversión residencial, con un crecimiento cercano al 3% luego de tres años consecutivos de caída.

El consumo privado, por su parte, se expandió en un entorno de baja inflación y mayor dinamismo del mercado laboral. El empleo formal y los ingresos laborales reales registraron sus mayores tasas de crecimiento en más de una década. Este mayor gasto se reflejó en un incremento de 12,9% en las importaciones de bienes de consumo durante 2025, impulsadas principalmente por la compra de automóviles (28,0%) y prendas de vestir (19,5%).

Inicio de 2026: señales adelantadas positivas

Para los primeros meses de 2026, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que la inversión privada mantendría un crecimiento cercano al 10% en enero. Indicadores adelantados respaldan esta proyección: el consumo de cemento creció 14% y las importaciones de bienes de capital avanzaron 7%.

Asimismo, los retiros de fondos de AFP realizados desde fines de 2025 han elevado transitoriamente el ingreso disponible de los hogares, dinamizando sectores vinculados al consumo. En enero, las importaciones de bienes de consumo aumentaron 9,5%, con un fuerte incremento en vehículos (61,9%).

En el frente externo, los precios históricamente elevados del oro y el cobre —con perspectivas favorables para 2026— continúan incentivando la inversión minera. Además, las expectativas empresariales sobre economía, inversión y contratación formal acumularon 19 meses consecutivos en terreno optimista hasta enero, lo que sugiere que el entorno de negocios ha internalizado parcialmente el ruido político.

Riesgos electorales y entorno internacional

Pese al inicio favorable, las perspectivas para el resto de 2026 son mixtas, principalmente por la incertidumbre electoral. Históricamente, en años de elecciones, el segundo y tercer trimestre registran desaceleraciones en la inversión privada, salvo en 2021 por el rebote pospandemia.

La elección de un gobierno que plantee medidas que afecten la seguridad jurídica podría frenar el crecimiento. A ello se suma el riesgo de deterioro fiscal, retraso en reformas estructurales y el avance de la criminalidad y economías ilegales, factores que inciden en las decisiones de inversión.

En el ámbito internacional, las tensiones comerciales y la desaceleración de los principales socios comerciales anticipan presiones sobre el comercio global.

Sin estos obstáculos, la economía peruana podría crecer al menos 6%, cifra significativamente superior al 2,7% estimado por el IPE para 2026. En este contexto, el desafío del próximo gobierno será reducir la incertidumbre, fortalecer la institucionalidad y promover un entorno favorable para la inversión privada y el empleo formal, evitando decisiones que afecten la estabilidad macroeconómica y la confianza empresarial.