El conglomerado empresarial cuestiona la clausura de 15 locales en el distrito y vincula la medida a la controversia por el convenio del complejo deportivo; la Municipalidad niega represalias y defiende criterios técnicos.
La reciente clausura de 15 establecimientos vinculados al grupo Intercorp en Miraflores abrió un nuevo frente de tensión entre la comuna distrital y el conglomerado empresarial liderado por Carlos Rodríguez Pastor.
El holding sostiene que los operativos carecen de sustento y sugiere que podrían estar relacionados con la controversia por el proyecto del Estadio Manuel Bonilla. La gestión del alcalde Carlos Canales rechaza esta versión y asegura que las inspecciones responden exclusivamente a criterios técnicos y a una política de prevención tras lo ocurrido en el Real Plaza Trujillo.
El convenio y los S/21,6 millones aportados
El 16 de julio de 2021 se suscribió el convenio para financiar el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio deportivo en el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla”, entre la Municipalidad de Miraflores y Urbi Propiedades S.A.C., empresa del grupo Intercorp.
Según el conglomerado, se comprometieron S/21,6 millones, de los cuales S/20,8 millones fueron desembolsados a un fideicomiso de administración cuya beneficiaria es la propia municipalidad. La empresa sostiene que el convenio seguía vigente y que la nueva convocatoria para remodelar el coliseo y construir un auditorio deportivo-cultural constituiría un incumplimiento contractual.
En una carta notarial enviada el 2 de febrero al regidor Renato Otiniano Buquich, Urbi Propiedades S.A.C. solicitó que se cese el proceso de convocatoria y se declaren nulos los actos administrativos derivados del mismo, advirtiendo que podrían iniciar acciones legales si no se revierte la decisión.
La posición de la Municipalidad
Por su parte, la Municipalidad de Miraflores sostiene que el convenio concluyó el 23 de septiembre de 2023, tras el cierre del proyecto en el banco de inversiones del distrito. Asimismo, argumenta que las inspecciones realizadas a los locales del grupo obedecen a criterios estrictamente técnicos y se ejecutan de manera aleatoria para verificar el cumplimiento normativo.
La comuna enfatiza que, tras tragedias ocurridas en centros comerciales del país, como el caso del Real Plaza Trujillo, se ha reforzado la cultura de prevención y fiscalización. Además, señala que dos de las empresas clausuradas ya iniciaron trámites para levantar observaciones y obtener un nuevo certificado ITSE, lo que —según la gestión— evidenciaría la existencia de infracciones.
Riesgo legal y reputacional
La controversia no solo tiene implicancias legales, sino también económicas y reputacionales. De escalar el conflicto, podría derivar en un arbitraje o proceso judicial que impacte tanto en las finanzas municipales como en la estrategia de inversión privada en infraestructura urbana.
El caso refleja las tensiones que pueden surgir en esquemas de colaboración público-privada cuando cambian las gestiones políticas y se redefinen prioridades. En un contexto donde los gobiernos locales buscan atraer inversión privada para cerrar brechas en infraestructura, la seguridad jurídica y la claridad contractual resultan claves.
