El VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial se realizará el 29 de setiembre y reunirá a autoridades, especialistas y líderes empresariales para abordar los principales desafíos de seguridad que enfrenta el país. Los pequeños negocios destinan casi el 12 % de sus ventas mensuales a medidas de protección, como la instalación de cámaras, reforzamiento de puertas o contratación de servicios de vigilancia.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial, realizará el martes 29 de setiembre el VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial “Alianzas que construyen una sociedad segura”, espacio que reunirá a líderes del sector público, privado y la comunidad para analizar los principales desafíos de seguridad que enfrenta el Perú y promover propuestas de acción conjunta.
El encuentro contará con la participación presidente de la CCL, Raúl Barrios; el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana Empresarial de la CCL, Guillermo Marroquín; el ministro del Interior, César Astudillo; la jueza suprema e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Elvia Barrios; la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles; el especialista senior en Seguridad Ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo, José Lobo; el vicepresidente ejecutivo Kriptome Cybersecurity, Enrique Arnáez, entre otros especialistas y representantes vinculados a la seguridad ciudadana y empresarial.
Uno de los principales temas a abordar será el impacto de la criminalidad en la economía peruana. La inseguridad ciudadana ha dejado de ser únicamente un problema de orden público y se ha convertido también en un factor que afecta el desempeño económico, al generar costos adicionales para las empresas, reducir la productividad, afectar las decisiones de inversión y deteriorar la confianza empresarial.
Esta situación también afecta a las micro y pequeñas empresas (mypes), que cuentan con menor capacidad financiera para absorber los costos asociados a la inseguridad. En ese contexto, un significativo número de bodegas en el país corren el riesgo de cerrar definitivamente debido a la extorsión, el cobro de cupos y la inseguridad ciudadana, problemática a la que se suma el impacto del fenómeno El Niño.
Para enfrentar la inseguridad, actualmente las mypes destinan hasta el 12 % de sus gastos operativos a seguridad, como la instalación de videocámaras y alarmas, así como la contratación de personal de vigilancia.
Durante el foro también se abordarán las amenazas vinculadas con la geopolítica, terrorismo y crimen organizado internacional y su impacto en el Perú; así como los nuevos desafíos de la seguridad empresarial frente al cibercrimen y la importancia de construir organizaciones resilientes.
La agenda contempla además el análisis de respuestas frente a situaciones de emergencia, el uso de Obras por Impuestos como una oportunidad estratégica para impulsar la seguridad y el desarrollo territorial, el compromiso empresarial con la seguridad comunitaria y las expectativas para los primeros 100 días.
