Por Leslie Pierce, presidente del Directorio del Banco de Alimentos Perú
Enero marca un punto de inflexión crítico para la economía nacional. La planificación del presupuesto choca con el alza de precios post-festividad, fenómeno conocido como la “cuesta de enero” que hoy impacta a más de 13 millones de peruanos. Sin embargo, desde una óptica de gestión, el análisis debe ir más allá de la coyuntura: enfrentar el hambre no es sólo un imperativo social, sino una inversión estratégica en la competitividad de nuestra futura fuerza laboral.
La paradoja es ineficiente: mientras el presupuesto familiar se ajusta, el país continúa perdiendo más de 12 millones de toneladas de alimentos al año. Esta cifra revela que no enfrentamos una falta de producción, sino una falla logística que impide conectar el excedente con la necesidad real. Administrar este desperdicio permite entender que la solución sostenible no es producir más, sino gestionar con inteligencia lo que ya tenemos para evitar que recursos con alto valor nutricional se pierdan.
En términos de competitividad, la falta de una alimentación adecuada es un lastre para la estabilidad económica. La transformación hacia un sistema alimentario eficiente es la base para asegurar que el talento nacional no se merme. Un país no puede aspirar al desarrollo si su capital humano se ve afectado desde la base; proteger la nutrición es proteger la capacidad de nuestra gente para generar valor y ser el motor de nuestra prosperidad futura.
No obstante, el rescate de alimentos es solo la herramienta técnica inicial. Nuestro objetivo estratégico para el 2026 trasciende el aprovechamiento de recursos; buscamos instalar capacidades perennes en las organizaciones sociales de base. El rescate nos permite optimizar activos que perdieron valor comercial, pero este proceso carecería de sostenibilidad sin el trabajo comunitario que transforma esos insumos en un verdadero catalizador de progreso.
El motor real para romper los círculos de la pobreza reside en fortalecer las capacidades de la comunidad para autogestionarse. Sin el aspecto social capacitado y empoderado, la logística del rescate sería insuficiente. Es el esfuerzo coordinado en los comedores y ollas comunes lo que permite que el recurso se convierta en una palanca de cambio social, garantizando que el impacto no sea temporal, sino una estructura de soporte para el desarrollo.
Este modelo demuestra que, con procesos claros y visión de largo plazo, es posible equilibrar la balanza entre el excedente del mercado y la carencia en los hogares. Integrar la seguridad alimentaria como un eje de estabilidad nacional es fundamental para cualquier estrategia que pretenda ser viable. Al gestionar mejor lo que hoy se desperdicia, estamos fortaleciendo la base de la pirámide económica y social del país.
Nuestra meta es consolidar un estándar donde el aprovechamiento de recursos sea una práctica profesional en toda la cadena comercial. El compromiso debe ser técnico y humano: gestionar la logística para asegurar que el talento peruano esté preparado para los retos de competitividad. No se trata de asistencia aislada, sino de construir un ecosistema que permita a las comunidades transitar hacia la autosuficiencia y la productividad.
El inicio de este año nos invita a replantear nuestro compromiso con la seguridad alimentaria desde una óptica de gestión. La meta para el 2026 es consolidar alianzas que permitan que el rescate de alimentos se convierta en una práctica estándar en toda la cadena comercial del país.
