El Gobierno peruano reafirma el impulso al desarrollo de infraestructura: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó recientemente los avances del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2025-2030, el cual incluye 72 proyectos estratégicos que buscan cerrar brechas en salud, transporte, saneamiento, educación, agua, entre otros sectores clave.
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El portafolio priorizado alcanza una inversión estimada en S/ 143,722 millones.
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Los proyectos abarcan múltiples sectores: salud, transporte, saneamiento, educación, agua, comunicaciones, producción, medio ambiente, entre otros.
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El enfoque del plan tiene una impronta territorial: el PNI busca articular inversiones distribuidas en distintas macrozonas (Norte, Centro, Lima-Callao, Sur), para garantizar que la infraestructura responda a necesidades específicas de cada región.
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El MEF ha socializado la propuesta con los distintos sectores del Ejecutivo (Transporte, Salud, Educación, Vivienda, Ambiente) para recabar aportes y coordinar su ejecución.
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Se ha habilitado una herramienta interactiva para hacer seguimiento de los proyectos: permite consultar el avance físico, financiero y programado, así como su modalidad, sector y zona geográfica.
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A julio de 2024, de los proyectos priorizados, 28 ya contaban con programación financiera, con un monto comprometido de casi S/ 19,783 millones; de ese total, unos S/ 11,917 millones ya habían sido devengados, lo que representa un avance cercano al 60% respecto a su cronograma.
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En algunos casos concretos, los proyectos del sector transporte muestran avances destacados: por ejemplo, la carretera Canta–La Viuda y programas regionales —como “Proregión 1”— ya superan metas de ejecución financiera.
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Entre las obras con progreso físico se mencionan la expansión de la banda ancha en zonas como Ica y Junín, así como avances en tratamiento de aguas residuales (PTAR Huarmey) y ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
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Aunque los 72 proyectos ya están priorizados, la mayoría aún deben pasar por procesos de evaluación técnica, socialización y articulación con gobiernos regionales y locales, sectores públicos y privados, gremios empresariales y sociedad civil. El plan final será presentado en diciembre.
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El reto es lograr la coordinación efectiva entre múltiples actores, asegurar financiamiento sostenible, y ejecutar bajo criterios de infraestructura sostenible, cumpliendo los plazos previstos. El enfoque territorial —pensar la infraestructura como parte de un sistema regional completo— será clave.
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Es vital que la implementación sea transparente, tanto en asignación del presupuesto como en avances reales, para generar confianza y resultados concretos en cobertura y servicios públicos.
El PNI 2025-2030 representa una apuesta ambiciosa del Estado por cerrar brechas estructurales de infraestructura en todo el país. Ya hay avances tangibles en proyectos concretos, así como mecanismos de seguimiento que permiten monitorear el progreso. Sin embargo, el éxito dependerá de la voluntad política, coordinación multisectorial y continuidad en la ejecución. Si todo marcha según lo planeado, muchas regiones podrían comenzar a ver transformaciones reales en transporte, salud, agua, educación y competitividad en los próximos años.
