Mas de 18 meses sin repuesta, este escenario viene debilitando la producción, frenando inversiones y poniendo en riesgo puestos de trabajo formales.
A un mes de la imposición de derechos antidumping a las importaciones de tubos de acero laminados en caliente procedentes de China, la industria nacional advierte que este caso debe marcar el inicio de una respuesta más ágil frente a prácticas de competencia desleal que ponen en riesgo la producción y el empleo en el país. La medida adoptada en julio reabrió la conversación sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de defensa comercial y reducir los tiempos de respuesta de las autoridades, en un contexto en el que todavía existen nueve casos a la espera de una decisión.
El caso de los tubos de acero constituye un precedente relevante, pero también evidencia las consecuencias de una respuesta tardía. La investigación se inició en enero de 2025 y concluyó en julio de 2026 con la aplicación de derechos antidumping por cinco años; durante ese periodo, las importaciones provenientes de China aumentaron 94,7% y los precios de venta de la producción nacional cayeron hasta 16,5%, con efectos sobre la participación de mercado, la rentabilidad y otros indicadores de las empresas peruanas.
Para la industria, el problema no radica únicamente en obtener finalmente un pronunciamiento favorable, sino en que este llegue cuando todavía sea posible preservar las líneas de producción, las inversiones y los empleos vinculados a ellas. Las empresas pueden dedicar varios meses a recopilar la información requerida para presentar una solicitud y, una vez iniciado el procedimiento, la investigación puede extenderse hasta por más de 18 meses.
Según el balance del sector, tras la resolución sobre los tubos de acero existen nueve casos de defensa comercial que continúan esperando una respuesta o avanzan en distintas etapas administrativas. Entre los expedientes públicamente identificables se encuentran los referidos a inodoros de cerámica tipo one piece, neumáticos para automóviles, cierres de cremallera, tejidos de ligamento tafetán y biodiésel, además de otros procedimientos vinculados con investigaciones, revisiones de medidas vigentes y posibles prácticas de elusión.
La preocupación de los productores nacionales es que, mientras los expedientes siguen su curso las importaciones investigadas continúan compitiendo en el mercado. Esta situación puede traducirse en menores ventas, capacidad instalada sin utilizar, suspensión de inversiones, reducción de turnos y pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos. Sus consecuencias también alcanzan a proveedores, transportistas, distribuidores, servicios asociados y a la propia recaudación tributaria.
“La industria peruana cree firmemente en el libre comercio, el libre mercado y la libre competencia. No se quiere protección, sino igualdad de condiciones y que las reglas se apliquen para todos los actores del mercado”, señaló Silvia Hooker, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias.
Las medidas antidumping no buscan impedir las importaciones ni establecer barreras arbitrarias. Son instrumentos reconocidos internacionalmente que permiten corregir distorsiones cuando se demuestra que determinados productos ingresan a precios inferiores a su valor normal y causan daño a la producción local. Su finalidad es restablecer condiciones de competencia libre y leal.
“Una medida que llega cuando una empresa ya redujo su producción o cerró una línea pierde gran parte de su efectividad. Las investigaciones deben mantener el rigor técnico, pero también responder con la rapidez que exige la realidad del mercado”, agregó Hooker.
El Perú ya dispone de normas compatibles con la Organización Mundial del Comercio y con los tratados de libre comercio suscritos por el país. Por ello, el desafío no consiste necesariamente en crear nuevas herramientas, sino en asegurar que las existentes funcionen de manera eficaz y dentro de plazos capaces de proteger la inversión, el empleo formal y la capacidad productiva nacional.
