Por Ignacio Vera Izquierdo, Gerente General de Forestal Santa Blanca
La reciente aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Incendios el pasado 27 de enero de 2026 marca un hito necesario tras la tragedia en la Región del Biobío. Sin embargo, si la discusión en la Cámara de Diputados no profundiza en las grietas del texto actual, corremos el riesgo de legislar sobre el papel mientras la realidad nos sigue quemando.
No estamos solo ante una crisis de vegetación; estamos ante una fractura humana que la normativa vigente parece ignorar.
Cualquier normativa que pretenda ser efectiva debe mirar a los ojos de los damnificados. Tras el megaincendio de 2024, la desesperación no solo consumió hogares, sino también vidas: se reportaron 18 suicidios vinculados directamente a la pérdida total de sustento y esperanza. Una ley que solo sanciona y no incorpora el apoyo psicosocial y la salud mental como pilares de la recuperación, es una ley incompleta.
El cuerpo legal actual presenta contradicciones que preocupan tanto a técnicos como a los habitantes del mundo rural:
- Inseguridad en el suelo: La creación de «Zonas de Amortiguación» por parte del Servicio, sin los trámites de rigor que exigen las Zonas de Interfaz (ZIURF), genera una incertidumbre jurídica alarmante sobre el uso del suelo rural.
- El error del enfoque punitivo: Se castiga con severidad al propietario del predio, pero se ignora que muchos siniestros, como se ha visto en Penco-Lirquén, nacen de negligencias externas: fallas en tendidos eléctricos o artefactos domésticos defectuosos.
- Debilidad operativa: El enfoque actual se agota en la fiscalización de SERNAFOR, descuidando el combate directo, la persecución penal de la intencionalidad y, sobre todo, la reconstrucción efectiva.
La oportunidad en la Cámara de Diputados y la inminente comisión mixta debe servir para rectificar el rumbo. Necesitamos pasar de un Estado que solo actúa como fiscalizador a uno que sea un socio estratégico. La estrategia debe basarse en:
- Certeza Jurídica: Que las limitaciones al dominio respeten los procedimientos constitucionales para evitar daños patrimoniales injustos en el agro.
- Planificación Integrada: Unir la gestión del riesgo con el ordenamiento territorial urbano como garantía básica de seguridad.
- Recuperación Integral: Mecanismos que aseguren que, tras el fuego, exista un camino claro para la reconstrucción económica y emocional.
La complejidad de los incendios actuales excede la simple vía legal. Necesitamos una ley con rostro humano y sentido de realidad, donde la responsabilidad sea compartida y la protección de la vida sea el único norte.
