La propuesta de redistribuir el IGV y reducir su tasa busca apoyar a las municipalidades y a las Mypes, pero especialistas alertan sobre un impacto fiscal devastador.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha confirmado que solicitará facultades legislativas para impulsar una ambiciosa reestructuración del sistema tributario. El plan contempla, entre otros puntos, una modificación en la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV), así como una reducción progresiva de su tasa del 18% al 15% en cinco años. Estas medidas, enmarcadas en una estrategia para preservar la sostenibilidad fiscal, han generado una fuerte polémica entre economistas y exfuncionarios públicos.
Actualmente, del 18% que se recauda por IGV, el 16% va al gobierno central y el 2% al Foncomun. Con la reforma ya aprobada, el Ejecutivo respalda que esta distribución se transforme gradualmente hasta el 2029: el Foncomun pasará a recibir el 4%, mientras que el gobierno central se quedaría con el 14%. Para el MEF, liderado por Raúl Pérez Reyes, esta redistribución busca fortalecer las finanzas municipales sin comprometer el equilibrio macroeconómico.
A esto se suma un nuevo proyecto legislativo impulsado por el congresista Ilich López, que busca reducir la tasa del IGV al 15% en un lapso de cinco años. El objetivo es fomentar la formalización de las micro y pequeñas empresas (Mypes) al reducir su carga tributaria. Sin embargo, el gobierno reconoce que esta medida reducirá los ingresos tributarios, por lo que ha propuesto un alza temporal del 1% en el Impuesto a la Renta como forma de compensación.
Pero no todos coinciden con el optimismo del Ejecutivo. Luis Minaya, exjefe de la SUNAT, advierte que esta reforma podría ser inconstitucional y tendría efectos devastadores en la recaudación fiscal, estimando pérdidas de hasta 10 mil millones de soles anuales. Para Waldo Mendoza, exministro de Economía, esta es “la ley fiscal más perjudicial del siglo”. Asegura que provocará un aumento del déficit fiscal de cerca de un punto porcentual del PBI, obligando al Estado a endeudarse y violando los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Actualmente, la deuda pública bordea el 33% del PBI, una cifra que sigue en ascenso desde la pandemia. Reducir la recaudación y aumentar los gastos podría desequilibrar aún más las finanzas del país, afectando su estabilidad a largo plazo.
