Gobierno evalúa nuevos esquemas para la Nueva Carretera Central

Ante cuestionamientos a la empresa gestora y el alto costo fiscal, el Ejecutivo analiza migrar el proyecto vial hacia un modelo de Asociación Público-Privada, manteniendo coordinación con Francia y evaluación técnica y financiera.

El Gobierno evalúa modificar el esquema de ejecución de la Nueva Carretera Central, uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos del país, en un contexto marcado por cuestionamientos a la empresa encargada de su gestión y por la presión que la obra ejerce sobre el presupuesto público. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que el modelo actual, concebido como obra pública financiada íntegramente por el Estado, podría cambiar hacia una Asociación Público-Privada (APP), aunque cualquier decisión deberá ser consensuada con Francia, país con el que Perú mantiene un acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) para el desarrollo del proyecto.

De obra pública a Asociación Público-Privada

La Nueva Carretera Central fue inicialmente concebida como obra pública, con asistencia técnica de una oficina francesa. El proyecto contempla la construcción de una autopista moderna que conecte Lima con la sierra central mediante túneles y viaductos, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la competitividad logística. El alto costo estimado y su impacto fiscal han llevado al Ejecutivo a analizar alternativas que incorporen inversión privada y distribuyan riesgos de construcción, operación y mantenimiento, haciendo de la APP una opción viable.

Evaluación técnica y coordinación internacional

El cambio de esquema no sería inmediato. Cualquier modificación deberá coordinarse bilateralmente con Francia y dependerá de evaluaciones técnicas, financieras y legales de las entidades competentes. La revisión del modelo se produce tras la resolución del contrato con la empresa de asistencia técnica, cuestionada por su idoneidad.

Perspectivas del proyecto

El futuro de la Nueva Carretera Central dependerá del rediseño contractual y de la capacidad del Gobierno para estructurar un esquema sostenible que garantice viabilidad financiera y transparencia en un proyecto clave para la infraestructura vial peruana.