El Ejecutivo aplicará un modelo multisectorial con control logístico, sanciones penales y despliegue territorial en una de las regiones más afectadas por la minería ilegal en Perú.
El Gobierno peruano anunció que replicará en Cajamarca el modelo de intervención integral aplicado en la provincia de Pataz, en La Libertad, con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal y el crimen organizado. La estrategia, denominada Modelo Pataz, podría implementarse en el segundo trimestre de este año, según informó el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz.
En entrevista con Radio Líder de Cajamarca, el titular del sector precisó que el Ejecutivo está priorizando regiones consideradas altamente complejas en materia de minería ilegal, entre ellas Cajamarca y el corredor sur del país. La intervención contempla el despliegue de todos los recursos necesarios para restablecer el orden y recuperar el control territorial.
Intervención multisectorial con comando unificado
El Modelo Pataz se caracteriza por ser una «estrategia de alto impacto que no se limita al accionar de las fuerzas del orden». Incluye la participación de diversas entidades del Ejecutivo bajo un Comando Unificado, con coordinación directa del alto comisionado.
Entre las medidas previstas se encuentran la implementación de rutas fiscales obligatorias, el control de insumos mediante el sistema SIPMMA y una presencia sostenida en campo. Además, se ejecutarán inversiones específicas en infraestructura y tecnología, incluyendo instalaciones, balanzas de control, equipamiento, software y sistemas de comunicación, con el fin de fortalecer la trazabilidad y fiscalización.
Según el ministro, las acciones serán ejecutadas directamente en Cajamarca, con una estrategia territorial orientada a cortar la cadena operativa de la minería ilegal.
Endurecimiento legal contra toda la cadena logística
El plan se complementa con medidas normativas recientes. El ministro destacó la vigencia del Decreto Legislativo 1695, que amplía las sanciones no solo a la extracción ilegal, sino a toda la cadena logística asociada, incluyendo transporte, almacenamiento y comercialización de minerales de origen ilícito.
La norma contempla multas, inhabilitaciones y penas de cárcel que oscilan entre 6 y 9 años. Con ello, el Ejecutivo busca desarticular las redes económicas que sostienen la actividad ilegal y reducir los incentivos financieros vinculados al crimen organizado.
Cajamarca, región clave para la inversión minera formal
El anuncio se produce en una región donde la minería formal tiene un peso económico significativo. Según cifras oficiales, la inversión minera en Cajamarca superó los S/150 millones en 2025, generando más de 22 mil empleos directos en el sector.
Asimismo, las transferencias por canon y regalías mineras superaron los S/350 millones, recursos que impactan directamente en el financiamiento de proyectos regionales y locales.
El ministro Bravo subrayó que la presencia de la minería formal en Cajamarca es fuerte y que las empresas desarrollan sus operaciones bajo estándares ambientales y sociales, generando empleo y aportes fiscales en beneficio de la población.
En ese contexto, la replicabilidad del Modelo Pataz en Cajamarca no solo apunta a combatir la ilegalidad, sino también a proteger la inversión formal y garantizar condiciones de estabilidad para el desarrollo del sector minero en una región estratégica para la economía peruana.
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