El director ejecutivo de MAS Recursos Naturales advierte que la burocracia excesiva frena inversiones por miles de millones de dólares y llama a modernizar la gestión administrativa para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental.
La tramitación de proyectos de inversión en Chile atraviesa un momento crítico. La excesiva burocracia se ha convertido en uno de los principales frenos para el crecimiento económico. De cara al 2026, se espera que se inicie un proceso de modernización de la gestión administrativa que permita diferenciar entre una protección ambiental efectiva y las trabas que paralizan iniciativas estratégicas.
Felipe Martin Cuadrado, director ejecutivo de MAS Recursos Naturales, advierte que el actual sistema administrativo ha generado incertidumbre jurídica, lo que incentiva la judicialización y mantiene congelados proyectos clave para el desarrollo del país.
“El diagnóstico es claro: décadas de superposición normativa han derivado en cientos de trámites dispersos que, lejos de garantizar mayor protección, dilatan decisiones económicas vitales para Chile”, afirma.
Actualmente, existen inversiones detenidas por montos que fluctúan entre US$ 7.000 y US$ 10.000 millones, muchas de ellas con resoluciones ambientales aprobadas, pero atrapadas en procesos burocráticos o en instancias de carácter político.
Martin enfatiza que el desafío no pasa por eliminar la regulación ambiental, sino por acelerar los procesos. “La sostenibilidad requiere certezas, no relajar los estándares. Se trata de contar con una gestión administrativa predecible, eficiente y técnicamente sólida”, señala.
Destrabar estos proyectos —que abarcan desde infraestructura hospitalaria hasta iniciativas mineras y energéticas— resulta clave para dinamizar la economía y el empleo. No obstante, subraya que este avance debe realizarse garantizando el cumplimiento normativo y la pertinencia ambiental desde la etapa de diseño, evitando que la falta de plazos claros o la burocracia innecesaria detengan el desarrollo.
Entre los principales cuellos de botella identificados se encuentran la Ley Lafkenche y el Consejo de Monumentos Nacionales, cuyos procedimientos han sido señalados como ejemplos de cómo la gestión administrativa puede bloquear decisiones sin aportar una protección ambiental efectiva.
También genera preocupación la lentitud en la tramitación de sectores estratégicos como el hidrógeno verde y la desalinización, donde la falta de claridad administrativa amenaza la competitividad de Chile frente a otros mercados.
Respecto a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), Martin valora avances como la implementación de la ventanilla única y los plazos máximos, pero advierte que “la ley es el vehículo, pero la gestión y la capacidad operativa son el motor”.
Agrega que, sin una implementación rigurosa, dotación técnica adecuada y una efectiva coordinación interinstitucional, la normativa corre el riesgo de quedar en letra muerta.
Finalmente, concluye que “a partir de 2026, el enfoque debe estar en reducir las trabas burocráticas que dificultan innecesariamente la inversión. Agilizar no significa sacrificar el medio ambiente ni la relación con las comunidades; significa dar certeza para que proyectos que mejoran la calidad de vida y generan empleo puedan concretarse”.
