El auge del oro ilegal no solo agrava la inseguridad y el daño ambiental, sino que desestabiliza el mercado formal y erosiona la base fiscal del país.
El incremento sostenido del precio internacional del oro ha generado un efecto colateral de alto impacto económico: la expansión descontrolada de la minería ilegal en el Perú. Esta actividad, hoy infiltrada en diversas regiones del país, podría generar exportaciones por más de US$12.000 millones en 2025, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), lo que superaría en 60% el valor registrado en 2024 y marcaría un nuevo récord histórico.
Este fenómeno, aunque marginal en términos de legalidad, tiene una magnitud que lo posiciona como uno de los sectores más dinámicos de la economía sumergida. A un ritmo de crecimiento proyectado del 10% al 20% anual, se estima que el volumen de oro ilegal exportado podría llegar hasta 115 toneladas en 2025, consolidando una estructura paralela de ingresos que el Estado no logra captar ni controlar.
Impacto económico y distorsión del mercado formal
El crecimiento exponencial del comercio ilegal de oro está generando distorsiones profundas en la economía formal del país. Por un lado, debilita la competitividad de los operadores mineros formales, quienes deben cumplir con exigencias regulatorias, tributarias y ambientales. Por otro, contribuye a una pérdida significativa de recaudación fiscal, dado que se trata de ingresos no declarados y, por tanto, no tributables.
Este escenario también estimula la creación de empresas fachada, que simulan actividades legales para lavar el origen del mineral. Solo en el tercer trimestre de 2024, cuando el precio del oro se incrementó en 29% interanual, el número de nuevas comercializadoras y procesadoras se duplicó, reflejando cómo el alza de precios incentiva el crecimiento del circuito informal.
Cambios en los flujos internacionales y pérdida de trazabilidad
Otro aspecto económico relevante es el cambio en la geografía de exportación. A diferencia de 2014, cuando Suiza, EE. UU. y Canadá eran los principales destinos del oro peruano, en 2024 casi la mitad del oro ilegal se dirigió a India y Emiratos Árabes Unidos, países con estándares de control más laxos. Esta diversificación complica los esfuerzos por implementar un sistema eficaz de trazabilidad, debilitando la transparencia en el comercio exterior y deteriorando la imagen internacional del país como proveedor responsable de minerales.
Externalidades negativas sobre el desarrollo
La expansión de esta economía ilícita también tiene consecuencias económicas indirectas. Según investigaciones de la Universidad de Chicago basadas en imágenes satelitales y emisiones de CO₂, las zonas con minería ilegal presentan altos ingresos per cápita, lo que a simple vista podría interpretarse como una mejora económica. Sin embargo, esta aparente bonanza esconde la pérdida de actividad económica formal, el aumento de la violencia y el deterioro institucional, especialmente en regiones clave como Madre de Dios, La Libertad y Arequipa.
Además, el uso indiscriminado de mercurio y otras prácticas contaminantes genera externalidades sanitarias y ambientales con elevados costos para el sistema de salud y la remediación ecológica, que terminan siendo asumidos por el Estado y la sociedad.
Necesidad de una estrategia económica integral
Desde una perspectiva económica, el combate a la minería ilegal no solo es un asunto de seguridad o medio ambiente, sino una urgencia fiscal y de competitividad nacional. El inminente cierre del Reinfo en junio de este año representa una oportunidad clave para rediseñar el régimen de formalización minera bajo nuevos criterios: fiscalización eficaz, trazabilidad completa y fortalecimiento institucional en las zonas afectadas.
Sin estas medidas, la economía ilegal del oro continuará captando enormes flujos financieros, debilitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos, afectando a las empresas que sí cumplen con la ley, y consolidando una economía paralela que pone en riesgo el desarrollo sostenible del país.
