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miércoles, noviembre 18, 2026
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Europa busca alternativas de financiamiento para acelerar la transición hacia camiones eléctricos

Camiones eléctricos

El alto costo de adquisición frena la electrificación del transporte de carga en Europa. El leasing y la gestión del valor residual surgen como mecanismos para reducir la inversión inicial, una experiencia que también podría servir de referencia para América Latina.

El costo de adquisición de camiones y buses eléctricos continúa siendo uno de los principales obstáculos para la descarbonización del transporte por carretera en Europa. Según la encuesta Green Compact 2026 de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), el precio de los vehículos representa una barrera para el 66% de los transportistas de Europa Occidental y el 78% de los operadores de Europa del Este.

Frente a este escenario, el sector financiero plantea ampliar el análisis más allá del precio de compra y considerar el costo total de propiedad de las unidades. Este indicador incluye gastos de energía, mantenimiento, financiamiento, nivel de utilización y valor del vehículo al finalizar su primera vida útil.

En ese contexto, el arrendamiento operativo y la gestión del valor residual comienzan a ganar relevancia como mecanismos para reducir la inversión inicial y distribuir los riesgos asociados a la incorporación de nuevas tecnologías. Para el transporte de cargas en Argentina y otros mercados de América Latina, donde la renovación de flotas depende en buena medida del acceso al crédito, estos instrumentos ofrecen referencias para una eventual transición hacia vehículos de cero emisiones.

Camiones eléctricos en Europa: el leasing cambia el costo de adquisición

El leasing permite distribuir el desembolso de una unidad durante el período de utilización, en lugar de concentrar toda la inversión al momento de la compra. Además, el valor futuro del vehículo puede incorporarse a la estructura del contrato, lo que contribuye a reducir las cuotas periódicas que debe asumir la empresa transportista.

Desde el sector financiero, especialistas en financiamiento de activos de transporte sostienen que el arrendamiento operativo modifica la evaluación de la inversión. En lugar de concentrarse únicamente en cuánto cuesta adquirir un camión, las empresas pueden calcular cuánto representará su utilización a lo largo del tiempo y qué entidad está mejor preparada para gestionar los riesgos asociados.

El análisis también requiere identificar las razones que impulsan el abandono de los motores de combustión interna. Entre ellas figuran las exigencias regulatorias, los objetivos de sostenibilidad, los requerimientos de los clientes y la posibilidad de reducir costos operativos.

A partir de esos factores, cada empresa debe evaluar sus rutas, niveles de utilización, disponibilidad de infraestructura de recarga y ciclos de renovación de flota. Estas variables determinan si la incorporación de vehículos eléctricos resulta viable para su operación.

El valor residual condiciona la financiación de vehículos eléctricos

Uno de los principales desafíos para financiar camiones y buses eléctricos es determinar cuánto valdrán cuando finalice su primer ciclo de uso. La degradación de las baterías, la velocidad de los avances tecnológicos y la limitada información sobre el mercado de vehículos usados dificultan las proyecciones de reventa, a diferencia de lo que ocurre con las unidades diésel.

En determinados contratos de arrendamiento operativo, la entidad financiera asume el riesgo asociado al valor residual. De esta manera, el transportista obtiene mayor previsibilidad sobre el costo de utilización, mientras el financista calcula cuánto podría recuperar al finalizar el contrato.

Para realizar esa estimación se consideran factores como el uso previsto, la capacidad y el estado de la batería, la evolución tecnológica, el nivel de adopción de estos vehículos y las garantías ofrecidas por los fabricantes.

Sin embargo, el mercado todavía tiene poca experiencia en la reventa de camiones y buses eléctricos que hayan completado su primer ciclo de financiamiento. Una mayor disponibilidad de unidades usadas, información confiable sobre el estado de las baterías y garantías más amplias permitirían reducir la incertidumbre y mejorar las estimaciones de valor residual.

Las pequeñas empresas europeas enfrentan mayores barreras para electrificar sus flotas

La encuesta Green Compact 2026 de la IRU también identificó diferencias importantes según el tamaño de los operadores. En Europa Occidental, el 87% de las empresas con una facturación anual superior a los 100 millones de euros prevé invertir en vehículos eléctricos a batería. Entre las compañías más pequeñas, la proporción desciende al 26%.

Esta brecha refleja las distintas capacidades financieras y operativas para asumir la transición. Las grandes empresas cuentan con mayores recursos para probar nuevas tecnologías y adaptar sus operaciones. En cambio, los transportistas de menor escala tienen menos margen para afrontar fallas, retrasos o problemas de autonomía y recarga que puedan comprometer el cumplimiento de sus servicios.

El sector financiero observa, no obstante, un interés creciente de los operadores medianos, a medida que mejoran las prestaciones de los vehículos y aumenta la información disponible sobre su funcionamiento. La incorporación del valor futuro de las unidades en los contratos puede reducir la inversión inicial y trasladar parte de los riesgos de depreciación y obsolescencia hacia las entidades financiadoras.

Infraestructura de carga y estabilidad regulatoria, claves para la transición

El acceso al financiamiento no es suficiente para acelerar la electrificación del transporte. La infraestructura de carga sigue siendo una condición determinante, debido a que las empresas necesitan garantizar que sus vehículos puedan completar las rutas previstas y que las redes eléctricas tengan capacidad para abastecer flotas de mayor tamaño.

La estabilidad regulatoria también influye en las decisiones de inversión. Los contratos de financiamiento suelen tener horizontes de varios años, por lo que los cambios frecuentes en normas, incentivos e impuestos elevan la incertidumbre sobre la demanda futura y el valor de reventa de los vehículos.

Estas condiciones pueden incrementar el riesgo crediticio y repercutir en el costo y la estructura de las operaciones financieras. Por ello, el sector considera que una regulación previsible y una red de recarga más extendida son necesarias para que la transición no quede limitada a las empresas con mayor capacidad de inversión.

La expectativa es que, conforme mejoren las condiciones tecnológicas, financieras y de infraestructura, el financiamiento de vehículos con combustibles alternativos se extienda a un mayor número de operadores. Para las cadenas de suministro, reducir las diferencias de acceso entre grandes y pequeñas empresas será determinante para ampliar el alcance de la electrificación del transporte.