El comienzo de las operaciones del megapuerto de Chancay tendrá un impacto significativo en el panorama portuario peruano, con una proyección de reducción del 30% en la carga que actualmente transita por los puertos del Callao. Las autoridades del Callao aclaman que sería necesario un marco legal para incrementar la distribución de la renta de aduana.
Con el fin de salir del actual problema de congestión de carga en el Callao, la Asociación de Operadores Portuarios (Asppor) advierte que la puesta en marcha del puerto de Chancay resultará en una reducción progresiva de hasta un 30% en la carga movilizada por los puertos del Callao. Esta estimación cobra relevancia considerando que, en la actualidad, la mayoría del comercio exterior peruano, representando un 80%, se concentra y se mueve desde la provincia constitucional del Callao. Las autoridades de Asppor consideran que esta medida supondría un alivio ante este problema.
Los muelles Norte y Sur del Callao, operados por APM Terminals y DP World respectivamente, jugaron un papel crucial en el transporte de mercancías en 2023. Sin embargo, con la llegada de Chancay, se espera una regulación de los precios y una disminución en la carga transportada por el primer puerto.
Una reducción de carga supone una reducción de ingresos por renta de aduanas. Actualmente la participación de la renta de aduana del Callao es del 2%, siendo un 16% menos respecto al año anterior por dicho concepto. Ante ello, el alcalde del Callao ha expresado su preocupación por la falta de una norma para mejorar la recaudación. “El cambio está en el Congreso. La idea es que el Callao no se perjudique y estamos planteando elevar del 2% al 5% la distribución de la renta de aduana para las instituciones del Callao”, aseguró.
José Tam, presidente de la Cámara de Comercio Peruano China, informó, que, aunque Chancay será un puerto multipropósito (capaz de transportar cualquier tipo de carga), no podrá movilizar minerales a granel, lo que genera preocupación en el mercado portuario nacional.
Asimismo, el presidente de la misma Cámara, pidió con urgencia que se establezca un marco legal para brindar certeza y estabilidad a todas las partes involucradas.
Actualmente, la falta de claridad en los permisos y regulaciones podría generar incertidumbre, obstaculizando el progreso del puerto y generando inseguridad jurídica. Una resolución legal sólida proporcionaría definiciones claras de requisitos y procedimientos, abordaría disputas potenciales y establecería mecanismos para la resolución de conflictos, asegurando así la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo del proyecto.
